ERNESTO EKAIZER
“Me la voy follar sin tocarle un pelo. A ver si me dan la medalla”
José Luis Roberto sobre Monica Oltra, 4 de junio de 2022.
Parecía una bravuconada. Pero esto es lo que pasa en el Estado Judicial Español (EJE).
La juez sustituta en el juzgado de instrucción 15 de Valencia, Ana María Lillo Sánchez, ha tenido que corregir y poner “donde dije digo digo Diego”
Hace unas semanas, rechazó abrir juicio oral y explicó que “la sección cuarta no ha dado ningún mandato de apertura del juicio oral que usurpe, anticipando un determinado pronunciamiento, el criterio del instructor [juez Vicente Ríos titular del juzgado de instrucción 15] al respecto”.
Pues la magistrada Clara Bayarri, ponente en la sección cuarta de la Audiencia, al resolver las apelaciones contra esa decisión de la jueza Lillo Sánchez, redactó un auto para que quedase claro el “mandato”, y la conminó, en la última semana de febrero, a abrir “sin dilaciones”, juicio oral contra Oltra y otros 12 acusados.
Se trata de la explotación política del caso de abuso sexual de una menor -existe sentencia firme- por parte del que fuera marido de Oltra, para destruir la carrera política de la vicepresidenta del gobierno de la Generalitat valenciana, causándole de prevaricació y encubrimiento. A ella y otros doce miembros bajo su dirección en la vicepresidencia de la Generalitat.
Durante una investigación puntillosa, el juez Ríos, con respaldo de la policía judicial, examinó desde 2022, tras investigaciones de la Fiscalía, todas las pruebas solicitadas por la acusación particular de la menor -representada por el abogado José Luis Roberto, conocido por fundar la organización ultraderechista España 2000-, y las acusaciones populares de la activista ultra Cristina Seguí. a quien el partido de Abascal se le quedó poco radical, y del partido Vox, y concluyó, tres años después, que los indicios no eran sólidos.
“No existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los quince acusados haya llevado adelante hechos penalmente relevantes. Estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados”, escribió en un auto el juez Ríos.
En el ordenamiento jurídico español el juez instructor suele tener la última palabra a la hora de abrir juicio oral.
¿Por qué?
Porque es el que ha llevado adelante junto con la Fiscalía y la Policía Judicial la instrucción de la causa.
Es quien ha interrogado a los testigos.
La magistrada Bayarri, desde su despacho, sin realizar la labor de inmediación del juez instructor durante a lo largo de tres años, ha bajado el pulgar -hablando por los otros miembros de la sección, empezando por su presidente Pedro Castellano- y ha ordenado, en lo que ha sido una sentencia, más que un auto, sentar a Oltra y a otros doce imputados finalmente en el banquillo.
Se ha dado el lujo de citar, en apoyo de su militante posición, al premio Príncipe de Asturias 2025, el filósofo coreano Byung Chul.
Según asegura en su auto de febrero le cita porque este autor analiza a través ‘La sociedad del cansancio’; ‘Psicopolítica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder’, ‘Topología de la violencia’ , ‘En el enjambre’, cómo la sociedad actual está marcada por el exceso de positividad y la autoexplotación en busca de la excelencia (la ambición de la eficiencia), que constituye una coacción sistémica: una nueva técnica de poder, que da acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción y de explotación, sin dejar de ser, por ello, un sistema de dominación. Sutil, pero no por ello menos antagónico a la libertad individual. Dominación efectiva, aunque sin dominio aparente”.
Hasta aquí hemos llegado.
Esa potestad o norma del instructor -que no ley porque el auto anterior, el de procesamiento o procedimiento abreviado, puede ser recurrido- para abrir juicio oral no vale para Monica Oltra.
Este caso está por encima de la norma.
Por eso te preguntas si te sientan en el banquillo sin indicios, ¿quién puede asegurarte que no te van a condenar sin pruebas?