Seis agentes del CESID participaron en el 23F e intentaron encubrir su implicación

Documentos desclasificados revelan apoyo logístico previo al asalto al Congreso y maniobras internas para justificar movimientos y evitar responsabilidades tras el fracaso del golpe

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el Golpe de Estado del 23F, sigue arrojando sombras más de cuatro décadas después. Documentos recientemente desclasificados revelan que seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), unidad de élite del antiguo servicio de inteligencia, participaron activamente en la intentona y después trataron de ocultar su implicación.

La documentación apunta a que algunos de estos agentes conocían los planes antes de que se produjeran los hechos. Otros habrían prestado apoyo operativo durante la jornada en la que el Congreso fue asaltado. No se trató, por tanto, de una mera coincidencia o de movimientos improvisados. Según los archivos, existió una coordinación previa y una actuación organizada sobre el terreno.

Entre los nombres que aparecen figuran varios mandos y suboficiales. También se menciona al entonces comandante José Luis Cortina, responsable de la unidad. Aunque el documento no acredita de forma concluyente que conociera la asonada con antelación, sí recoge indicios que apuntan en esa dirección. En cualquier caso, no atribuye a Cortina una acción directa durante el asalto.

Apoyo logístico y un intento de justificar movimientos

El relato describe cómo uno de los capitanes distribuyó emisores, receptores y vehículos a varios subordinados para respaldar a la columna que se dirigía a las Cortes. Otros agentes realizaron tareas de control en las inmediaciones del Congreso. Estas acciones muestran un respaldo logístico que iba más allá de la simple observación de los acontecimientos.

Sin embargo, lo más llamativo ocurrió después. Tras el fracaso del golpe, la unidad activó una operación interna destinada a justificar los desplazamientos y movimientos de sus miembros ese día. Según los documentos, se modificaron fechas y se construyó una explicación alternativa para encajar las actuaciones dentro de una misión oficial. El objetivo era claro: evitar responsabilidades y proteger la imagen del servicio.

La dirección del organismo ordenó entonces un informe interno para aclarar lo sucedido. Las declaraciones posteriores ante el juez instructor evidenciaron contradicciones entre varios de los implicados. Como consecuencia, algunos mandos fueron apartados de la unidad. El clima interno se tensó aún más cuando otros miembros mostraron solidaridad con los cesados, desobedeciendo órdenes expresas de no mantener contacto con ellos.

El 23F marcó un antes y un después en la democracia española. También dejó cicatrices dentro de las propias instituciones del Estado. Estas revelaciones no cambian el desenlace histórico, pero sí obligan a mirar con mayor profundidad lo ocurrido en las entrañas de los servicios de inteligencia.

Hoy, la transparencia y la revisión crítica del pasado resultan esenciales para fortalecer la confianza ciudadana. Conocer quién supo qué y quién hizo qué no responde solo a una curiosidad histórica. Forma parte de la responsabilidad democrática de esclarecer los hechos y asumir las lecciones que dejaron.