La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha abierto la puerta a emprender acciones legales contra el empresario Elon Musk después de que este la acusara públicamente de actuar bajo las órdenes de los cárteles del narcotráfico. Las declaraciones del magnate, realizadas en redes sociales, han generado una fuerte polémica en un momento especialmente sensible para el país.
El cruce de acusaciones se produjo tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, Musk afirmó que la mandataria “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”, insinuando que su postura frente a la estrategia de seguridad estaría condicionada por intereses criminales.
Ante estas palabras, Sheinbaum fue clara: sus abogados están revisando la situación para determinar si procede una demanda. No habló desde la ira, sino desde la institucionalidad. Subrayó que su prioridad no son las descalificaciones personales, sino el respaldo y la crítica del pueblo mexicano. “Para eso nos eligieron”, recordó, situando el debate en el terreno de la responsabilidad pública y no en el de la confrontación personal.
Las declaraciones de Musk no se produjeron en el vacío. Surgieron tras la difusión de un video en el que Sheinbaum defendía que regresar a una “guerra contra el narco” no es opción, argumentando que ese enfoque, además de situarse fuera del marco legal, no redujo la violencia en el pasado, sino que la agravó. Su postura apuesta por una estrategia distinta, centrada en la legalidad y en la atención a las causas estructurales.
La presidenta calificó las acusaciones como absurdas y sostuvo que se desmoronan por sí solas. También denunció lo que considera una narrativa contradictoria por parte de algunos sectores críticos, que primero acusan al Gobierno de inacción y luego lo señalan por actuar bajo presión externa. En sus palabras, existe una profunda hipocresía en esos discursos.
El operativo militar que culminó con la muerte de “El Mencho” desató episodios de violencia en varios estados, lo que incrementó la tensión política. Sin embargo, Sheinbaum defendió la actuación de las fuerzas de seguridad y negó que respondiera a presiones extranjeras, rechazando versiones que apuntaban a supuestas exigencias del entonces presidente estadounidense Donald Trump.
Más allá del choque entre una jefa de Estado y uno de los empresarios más influyentes del mundo, el episodio refleja el poder de las redes sociales para amplificar acusaciones graves en cuestión de minutos. También plantea un debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de señalamientos que afectan la reputación institucional de un país.
En este escenario, la posible vía judicial no solo sería una respuesta personal, sino un mensaje político: que las instituciones no deben quedar expuestas a imputaciones sin pruebas.