Morir en vida

No hay cifra de inversión extranjera ni programa social que compense la pérdida de un hijo o la imposibilidad de saber dónde está

“Nos estamos muriendo en vida…”, dice Julia Hernández. Sus palabras no son un recurso retórico para una columna de opinión, sino el grito sordo de una madre que desde el pasado 3 de febrero no sabe nada de su hijo, Óscar García Hernández. Y ella es sólo una más de miles de madres buscadoras.

Óscar no es un número en una estadística de incidencia delictiva, es un maestro de educación física, un hombre noble, querido por sus alumnos —muchos de ellos con discapacidad—, que hoy le escriben cartas pidiéndole que regrese pronto. Óscar, junto con sus cuñados, desapareció en Mazatlán, Sinaloa. Fueron interceptados por sujetos armados mientras transitaban por la Zona Dorada. Sólo una mujer y su hija fueron liberadas, pero cuatro hombres permanecen ausentes.

Julia, en un acto de desesperación que retrata la quiebra del Estado de derecho, no clama justicia, “no buscamos culpables, no queremos señalar a nadie”, le dijo al periodista Ciro Gómez Leyva. Cuando una madre llega al punto de negociar la impunidad a cambio de un abrazo, es que algo en nuestra estructura social y de justicia se ha roto definitivamente.

Pero el caso de Óscar no es un evento aislado en la geografía del miedo que hoy es Sinaloa. Hace casi cinco meses, Brenda Valenzuela inició su propio calvario. Su hijo Carlos Emilio, de 21 años, desapareció también en Mazatlán, tras entrar al baño de un restaurante-bar. Brenda ha tenido que lidiar con la frialdad de una fiscalía estatal que no aporta información, que parece esperar a que el tiempo diluya la urgencia. Ahora, su última esperanza descansa en la FGR que por fin atrajo el caso, ante la evidente parálisis local. Ella hoy busca en fosas.

Mientras las autoridades se concentran en organizar desfiles y festejos, la realidad se les cuela por las rendijas de la alegría obligatoria. En el reciente arranque del Carnaval de Mazatlán, un grupo de madres buscadoras decidió que la fiesta no podía ser completa si faltaban ellos. Con lonas y pancartas, irrumpieron en el desfile no para arruinar el evento, sino para recordarnos que la ausencia tiene rostro.

“No quiero molestar, vengo a visibilizar”, se leía en el cartel de Nadia, quien busca a su hermana Cecilia, desaparecida junto a su amiga Guadalupe. Esos nombres en cartulinas —Jesús Felipe, María Cecilia, Gerardo Michael, Luis Alberto, Jesús Antonio, José Emanuel— son los que deberían estar en la agenda de quienes gobiernan. Sin embargo, parece haber un esfuerzo sistemático por normalizar el horror e integrarlo al paisaje cotidiano como si fuera un costo aceptable del progreso o de la paz que se anuncia en los discursos, pero que no llega a las calles.

La violencia en Sinaloa devora a ciudadanos de a pie, a trabajadores y profesionales. El ejemplo más reciente es el secuestro de diez trabajadores mineros en Concordia. Cinco de ellos fueron hallados muertos. El ingeniero Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, rechazó la narrativa oficial de la “confusión”. Los trabajadores estaban en su campamento, portaban sus cascos, sus uniformes. Fueron directo por ellos, le dijo al periodista Pascal Beltrán del Río. Uno de los fallecidos fue alumno de Del Pozo; la tragedia tiene nombre, apellido y una historia académica truncada.

¿Cómo llegamos a este punto donde el trabajo, la educación y el sano esparcimiento se convierten en actividades de alto riesgo? Mientras en los micrófonos oficiales se presume una estrategia que atiende las causas, las familias enfrentan los efectos: el vacío, la incertidumbre y la revictimización por autoridades que prefieren mirar hacia otro lado.

No podemos permitir que estos testimonios se pierdan en el ruido de la conversación digital o en las polémicas diseñadas para distraer. El dolor de Julia, de Brenda y de miles de familias más es la verdadera medida del éxito o fracaso de una administración. No hay cifra de inversión extranjera ni programa social que compense la pérdida de un hijo o la imposibilidad de saber dónde está.

La realidad es terca y se niega a esconderse, a desvanecerse detrás de las polémicas mediáticas creadas, como el debate sobre los therians o las discusiones sobre las megapensiones. Esos son distractores de una tragedia nacional que sigue sin freno, de una herida abierta que no cerrará mientras las madres sigan buscando solas.

*Por su interés reproducimos este artículo de Fabiola Guarneros Saavedra publicado en Excelsior.