Estados Unidos y la tutela funcional sobre el régimen chavista: hacia un gobierno de tecnócratas

Para comprender qué significa esta idea en la práctica, resulta útil revisar precedentes históricos en los que Washington participó en procesos de reorganización estatal fuera de su territorio

En el debate internacional contemporáneo, la relación entre Estados Unidos y Venezuela se ha descrito como una “administración tutelada”. No se trata de una ocupación militar ni del reemplazo formal de autoridades nacionales, sino de un fenómeno más complejo, propio de las transiciones del siglo XXI, donde el poder se ejerce a menudo mediante condicionamientos económicos, diplomáticos y estratégicos.

Para comprender qué significa esta idea en la práctica, resulta útil revisar precedentes históricos en los que Washington participó en procesos de reorganización estatal fuera de su territorio. Las experiencias muestran que la tutela ha adoptado múltiples formas, desde gobiernos directos hasta influencias indirectas, y que la modalidad actual dista considerablemente de los esquemas clásicos del pasado.

Ocupaciones con administración directa

Durante buena parte del siglo XX, la intervención implicó asumir abiertamente funciones de gobierno.

En Haití, tras el colapso institucional provocado por el asesinato del presidente Jean Vilbrun Guillaume Sam, el mandatario estadounidense Woodrow Wilson ordenó en 1915 el desembarco de marines. Durante casi dos décadas, Washington controló aduanas, finanzas y seguridad, mientras Philippe Sudré Dartiguenave ejercía la presidencia bajo supervisión. La retirada no ocurrió hasta 1934, bajo Franklin D. Roosevelt.

Algo similar ocurrió en Cuba entre 1906 y 1909. Invocando la Enmienda Platt, William Howard Taft y luego Charles Edward Magoon administraron directamente el país hasta la elección de José Miguel Gómez.

La característica central de estos casos fue clara: la autoridad estatal fue sustituida efectivamente por funcionarios extranjeros.

Autoridades provisionales tras intervención militar

El siglo XXI mostró variaciones del modelo. En Irak, después de la caída de Saddam Hussein, la Coalición estableció una autoridad provisional encabezada por Paul Bremer, que ejerció poderes ejecutivos y regulatorios profundos. Más tarde se produjo la transferencia a autoridades locales.

En Afganistán, Hamid Karzai encabezó un gobierno formalmente nacional, pero sostenido por un decisivo apoyo militar y financiero externo. Aunque no hubo anexión ni colonia, existió una dirección extranjera intensa, declarada temporal, que condicionó profundamente la acción del gobierno nacional.

Influencia sin administración formal

Más recientemente, la práctica dominante ha sido influir sin gobernar directamente: sanciones, licencias, reconocimiento diplomático, acceso al sistema financiero y cooperación en seguridad. El actor externo no reemplaza al Estado, pero define los límites dentro de los cuales este puede operar.

Es en esta categoría donde encaja el debate venezolano.

La aplicación al caso de Venezuela

En Venezuela no existe ni ha sido anunciada la presencia de un gobernador extranjero ni la disolución de los poderes públicos. Sin embargo, factores fundamentales para la supervivencia económica y política dependen en gran medida de decisiones tomadas fuera del país, incluyendo mercados energéticos, financiamiento, legitimidad internacional y manejo de sanciones.

Cuando estas variables se vuelven determinantes, la autonomía real del país se estrecha, aunque la soberanía jurídica continúe intacta.

La tutela moderna evita banderas de ocupación. Prefiere mantener autoridades visibles mientras desplaza el centro de gravedad hacia los mecanismos de condicionamiento. Es una tutela funcional, no territorial.

En las ocupaciones clásicas, el poder externo asumía responsabilidades directas de gobierno. En el modelo actual, condiciona, pero no sustituye. Esta distinción altera la imputación internacional, la narrativa política y la forma en que se perciben legitimidad y soberanía.

Los estudios comparados indican que muchas veces es más eficaz definir el entorno en el que otros gobiernan que gobernar directamente. La dependencia estructural puede moldear decisiones internas sin necesidad de administrar ministerios o firmar decretos.

Libertades, democracia y el papel de los venezolanos

El análisis no puede separarse del estado de los derechos fundamentales. El régimen venezolano ha sido acusado por Washington y por amplios sectores de la comunidad internacional de graves violaciones de derechos humanos y de permitir la expansión de redes criminales transnacionales.

La presión externa influye en el espacio disponible para la libertad de prensa, la actividad política, la justicia y la participación ciudadana. Sin embargo, ninguna tutela reemplaza la responsabilidad interna: las transiciones solo son sostenibles cuando existe capacidad nacional para administrar el cambio.

Diversos planteamientos provenientes de Estados Unidos han sugerido que, antes de llegar a elecciones plenamente competitivas, sería necesaria una etapa de reconstrucción orientada a restablecer funciones básicas del Estado.

En esta fase, el protagonismo debería recaer en perfiles técnicos: juristas, economistas, administradores públicos y expertos en energía, infraestructura, salud y seguridad. Se trata de profesionales sin compromisos orgánicos ni con el régimen de facto ni con la oposición partidista. Su presencia podría aportar confianza internacional, facilitar cooperación financiera y reducir temores de captura política.

Tecnócratas al poder

En este marco, resulta viable y conveniente la creación de un Gobierno de Tecnócratas para la fase de recuperación señalada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Solo gerentes, y no políticos, podrían priorizar reformas urgentes, ordenar la asistencia externa, recuperar servicios y sentar las bases administrativas que permitan, más adelante, la llegada de un periodo de institucionalización y una competencia electoral auténtica.

La tutela funcional actuaría como respaldo y límite; la ejecución recaería en talento nacional organizado bajo criterios de mérito y transparencia.

La reconstrucción de Venezuela solo será posible con capacidad técnica, transparencia y coordinación internacional; solo así soberanía, autonomía y legitimidad podrán reconectarse con su ciudadanía.