Pedro Sánchez solicita investigar a TikTok, Meta y X por uso de IA en pornografía infantil

El Gobierno invocará el Estatuto del Ministerio Fiscal para esclarecer si las plataformas permiten la difusión de contenidos ilícitos que vulneran los derechos de los menores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo solicitará a la Fiscalía que investigue a TikTok, Meta y X por la posible creación y difusión de pornografía infantil mediante sistemas de inteligencia artificial. La decisión marca un paso firme en un debate cada vez más urgente: los límites, responsabilidades y consecuencias del uso de la IA en las grandes plataformas digitales.

Según ha explicado el propio presidente a través de su perfil en la red social X, el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para instar formalmente la apertura de diligencias. El objetivo es esclarecer si estas compañías podrían estar incurriendo en delitos relacionados con la generación o propagación de contenidos ilícitos que afectan gravemente a menores.

En su mensaje, Sánchez ha sido contundente al señalar que estas plataformas “están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”. Para el jefe del Ejecutivo, el Estado tiene la obligación de actuar ante cualquier indicio que comprometa la protección de la infancia en entornos digitales cada vez más complejos y difíciles de controlar.

La responsabilidad de las plataformas en la era de la IA

El avance de la inteligencia artificial generativa ha multiplicado las posibilidades tecnológicas, pero también los riesgos. La capacidad de crear imágenes y vídeos hiperrealistas plantea desafíos legales y éticos inéditos, especialmente cuando se trata de contenidos que vulneran derechos fundamentales, según Europa Press.

En este contexto, el Gobierno considera que las grandes tecnológicas no pueden escudarse únicamente en su papel como intermediarias. La cuestión de fondo es si cuentan con mecanismos eficaces de control, supervisión y retirada de contenidos cuando estos afectan a menores. Y, en caso de no hacerlo, si deben asumir responsabilidades legales.

Sánchez ha subrayado que “la impunidad de los gigantes debe acabar”, una frase que resume la intención política de exigir mayor rendición de cuentas a empresas con enorme capacidad de influencia global. No se trata solo de perseguir delitos individuales, sino de analizar si existen fallos estructurales en los sistemas de moderación y en el diseño de herramientas de IA que puedan facilitar la difusión de material ilegal.

El anuncio abre un escenario en el que la Fiscalía deberá evaluar si existen indicios suficientes para iniciar una investigación formal. Más allá del recorrido judicial que pueda tener el caso, el mensaje político es claro: la protección de la infancia en el entorno digital se sitúa como prioridad.

En una sociedad donde la tecnología avanza más rápido que la legislación, el equilibrio entre innovación y derechos fundamentales se convierte en uno de los grandes retos. La decisión del Ejecutivo busca enviar una señal inequívoca: ningún avance tecnológico puede situarse por encima de la dignidad y seguridad de los menores.