La Justicia ha puesto fin a un proceso largo y doloroso para la actriz y cantante Jedet. El Juzgado de lo Penal número 7 de Zaragoza ha condenado al productor Javier Pérez Santana a cuatro meses de prisión por un delito de agresión sexual, además de imponerle inhabilitación especial para trabajar con menores durante dos años y seis meses y libertad vigilada durante dos años, con prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella por cualquier medio.
La sentencia considera probados los hechos ocurridos durante la fiesta de los Premios Feroz de 2023. Según el fallo, el productor se acercó inicialmente a Jedet para elogiar su trabajo, pero acto seguido la tocó sin consentimiento, provocando la reacción inmediata de la actriz, que le recriminó su comportamiento e intentó apartarse de él. Lejos de cesar, el acusado insistió en varias ocasiones a lo largo de la noche, con nuevos acercamientos y tocamientos en el pecho por encima de la ropa, además de proferir insultos vejatorios y transfóbicos.
El juez ha reconocido la responsabilidad penal del acusado, aunque ha reducido la pena al apreciar una eximente incompleta por la intoxicación derivada del consumo de alcohol y otras sustancias, así como el atenuante de reparación del daño, ya que Pérez Santana ha abonado la indemnización establecida. Además de la condena de prisión, el productor deberá pagar una multa de 600 euros por un delito leve de vejaciones injustas e indemnizar a Jedet con 1.918,59 euros más intereses, además de asumir las costas del procedimiento.
La resolución subraya que el testimonio de la víctima resulta plenamente creíble, coherente y persistente, sin contradicciones esenciales. El juez destaca que su relato cuenta con el respaldo de testigos presenciales y de pruebas periféricas, como vídeos del evento, lo que permite desmontar la presunción de inocencia del acusado, según apunta Europa Press.
Tras conocerse el fallo, Jedet compartió un comunicado en sus redes sociales en el que reconoció el alto coste emocional del proceso judicial. Durante tres años, explicó, convivió con una carga constante que afectó a su salud mental, a su trabajo y a su vida personal. “Denunciar también tiene un precio”, afirmó, mostrando empatía con tantas mujeres que deciden no dar el paso por miedo a revivir una y otra vez lo sucedido.
Aun así, la artista dejó claro que volvería a denunciar. Defendió que hacerlo fue necesario para evitar la impunidad y para poner límites donde durante demasiado tiempo no los hubo. En su mensaje final, animó a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a alzar la voz ante cualquier situación de abuso o sobrepaso, recordando que no están solas y que sus experiencias importan.
La sentencia, recurrible en apelación, no solo cierra un capítulo judicial, sino que refuerza un mensaje clave: la palabra de las víctimas importa y puede sostenerse ante la Justicia.