Justicia tramita el indulto para el ex fiscal general García Ortiz tras su condena por revelación de secretos

Dos particulares solicitan la medida de gracia para el ex fiscal general, inhabilitado dos años por el Supremo, que ahora deberá emitir un informe previo.

El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el procedimiento para estudiar una primera solicitud de indulto a favor del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La petición ha sido presentada por dos particulares y activa ahora el trámite habitual previsto en la ley.

Como paso inicial, el departamento que dirige Félix Bolaños ha remitido la solicitud al propio Supremo, el órgano que dictó la sentencia, para que emita un informe sobre la conveniencia o no de conceder la medida de gracia. Este pronunciamiento no es vinculante, pero sí preceptivo dentro del expediente.

La legislación permite que el indulto sea solicitado no solo por el condenado o su entorno, sino también por cualquier ciudadano. Además del criterio del tribunal sentenciador, deberán recabarse la opinión de la Fiscalía y de la parte perjudicada antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva. En caso de prosperar, la concesión corresponde formalmente al Rey mediante real decreto aprobado por el Consejo de Ministros.

García Ortiz fue condenado el pasado diciembre por la filtración de información relativa a un procedimiento que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia le impuso, además de la inhabilitación para cargo público, una multa económica y una indemnización por daños morales.

El fallo salió adelante con el respaldo mayoritario del tribunal, aunque dos magistradas discreparon y defendieron su absolución al considerar que las pruebas no acreditaban de forma concluyente su responsabilidad. El ex fiscal general mantiene su inocencia y ha presentado un incidente de nulidad contra la resolución, que aún está pendiente.

Mientras tanto, la apertura del expediente de indulto añade un nuevo frente político y judicial a un caso que ha generado un intenso debate sobre los límites de la actuación institucional y la responsabilidad de los altos cargos públicos.