El Congreso de los Diputados ha vivido una jornada decisiva que deja en suspenso varias medidas de protección social impulsadas por el Gobierno. El decreto conocido como escudo social, que contemplaba la revalorización de las pensiones y la continuidad de medidas frente a desahucios y cortes de suministros básicos, ha sido derogado tras el voto en contra de PP, Vox y Junts con el apoyo adicional de UPN.
La decisión no es solo técnica o parlamentaria. Tiene una traducción directa en la vida cotidiana de millones de personas, especialmente pensionistas y hogares en situación de vulnerabilidad, que esperaban la consolidación de estas medidas como una garantía mínima de estabilidad en un contexto económico todavía incierto.
La oposición ha tumbado el decreto porque mezcla leyes. Es decir, el mismo decreto que contempla la subida de las pensiones incluye otra norma para mantener las okupaciones ilegales de casas.
La oposición quiere que el Gobierno presente cada ley por separado. Es decir, quieren aprobar la revisión de las pensiones pero no las de las okupaciones, que el Gobierno presenta juntas, sin embargo, con la artimaña de aprobar unas y otras a la vez. Y, si se niegan, poder decirle a la oposición que están negando la subida de las pensiones cuando en realidad no solo les pide eso, sino también lo relativo a las okupaciones. Como el Gobierno no tiene votos para aprobar leyes y la cuesta la intemerata poder aprobar cualquier ley, no es la primera vez que Sánchez utiliza esta misma táctica, aprobar las leyes de perogrullo con otras que nada tienen que ver y que son trascendentes. Precisamente, el Gobierno ya ha empezado a reprochar a la oposición que si no se suben las pensiones es por culpa de la oposición.
El llamado escudo social fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de diciembre, como uno de los últimos decretos del año. Como ocurre con este tipo de normas, entró en vigor de forma inmediata, pero quedaba pendiente su convalidación en el Congreso para mantenerse en el tiempo. Ese trámite es el que finalmente no ha superado.
El texto incluía aspectos especialmente sensibles: la subida de las pensiones, la prórroga de la prohibición de desahucios para personas vulnerables y la continuidad de la protección frente a cortes de agua, luz y gas. Para el Gobierno y los grupos que lo apoyaban, se trataba de un paquete de medidas sociales esenciales. Para los partidos que han votado en contra, el decreto presentaba objeciones de fondo, tanto en el contenido como en la forma.
El resultado ha sido una mayoría suficiente para derogar el texto, lo que implica que estas medidas decaen y obligan al Ejecutivo a replantear su estrategia, ya sea mediante nuevas iniciativas legislativas o negociaciones más amplias.
La misma sesión parlamentaria dejó, sin embargo, un desenlace diferente para otro decreto clave: la prórroga de las ayudas al transporte público. En este caso, la abstención del PP permitió que el texto saliera adelante, pese al voto en contra de Vox. El resto de grupos parlamentarios respaldaron la medida, que continuará en vigor, según Europa Press.
Este contraste refleja la complejidad del actual equilibrio político en el Congreso, donde cada votación exige acuerdos específicos y donde no todas las iniciativas corren la misma suerte. Mientras el escudo social queda bloqueado, las ayudas al transporte se mantienen, aliviando parcialmente el gasto de miles de ciudadanos.
En conjunto, la jornada parlamentaria deja una imagen clara: las políticas sociales se han convertido en un campo de batalla político de primer orden. Y, como suele ocurrir, las consecuencias no se quedan en el hemiciclo, sino que se trasladan directamente a la vida diaria de las personas.