El debate sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur ha dado un giro decisivo en Bruselas. El Parlamento Europeo, en una votación muy ajustada, ha decidido solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la compatibilidad del pacto con el Derecho comunitario. La decisión introduce incertidumbre política y jurídica en uno de los acuerdos más ambiciosos de la política comercial europea.
La iniciativa salió adelante por un margen mínimo, reflejo de la división interna que genera el acuerdo. La mayoría favorable respaldó la petición de un dictamen jurídico al TJUE ante las dudas sobre el encaje legal del tratado. En la práctica, este paso suspende el proceso de ratificación, aunque no bloquea de forma automática una eventual aplicación provisional, una competencia que recae en la Comisión Europea.
El debate no fue homogéneo. Mientras una propuesta impulsada desde la izquierda europea logró el apoyo necesario, otra iniciativa similar promovida por grupos de extrema derecha fue rechazada con claridad. El resultado evidencia que las reticencias al acuerdo no responden a un único eje ideológico, sino a preocupaciones diversas sobre legalidad, sostenibilidad y garantías institucionales.
Para muchos eurodiputados, acudir al TJUE es una forma de ganar tiempo y seguridad jurídica antes de avanzar en un pacto que afecta a sectores estratégicos, normas ambientales y equilibrios comerciales sensibles. Para otros, supone un freno innecesario a una oportunidad geopolítica clave para Europa.
Desde la Comisión Europea, la reacción ha sido de prudencia y disgusto. Su presidenta, Ursula von der Leyen, había defendido el acuerdo como un hito histórico tras su reciente viaje a Sudamérica para escenificar el cierre político del pacto. El voto del Parlamento, sin embargo, ha enfriado ese mensaje de optimismo.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, señaló que, a juicio de Bruselas, la motivación para acudir al TJUE no está suficientemente justificada. La Comisión sostiene que ya se han incorporado salvaguardas y mecanismos para responder a las inquietudes planteadas por los eurodiputados, especialmente en materia normativa y de control.
Más allá del choque institucional, el movimiento de la Eurocámara pone de relieve un debate de fondo: cómo equilibrar ambición comercial y respeto estricto al marco legal europeo. El acuerdo UE-Mercosur promete abrir mercados y reforzar la posición global de la UE, pero también despierta temores sobre su impacto en la agricultura, el medioambiente y la soberanía regulatoria.
Ahora, la palabra la tendrá el Tribunal de Justicia. Su dictamen no solo marcará el futuro de este acuerdo, sino que sentará un precedente clave sobre el papel del Parlamento en la supervisión de los grandes pactos comerciales. Mientras tanto, el proceso queda en pausa y Europa vuelve a mirarse a sí misma antes de dar el siguiente paso.