La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve al centro del debate social y político. El Gobierno ha dejado claro que la medida se aprobará en breve y con efectos inmediatos, reforzando una de las políticas laborales más simbólicas de los últimos años. El anuncio llega en un momento clave, marcado por la negociación con los agentes sociales y por un contexto económico todavía condicionado por crisis encadenadas.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha subrayado que la subida del SMI se materializará mediante un Real Decreto, lo que permitirá una aprobación rápida una vez culminen los contactos con sindicatos y patronal. La propuesta del Ejecutivo plantea elevar el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone un incremento del 3,1%, con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Desde el Ministerio de Trabajo se insiste en que el diálogo social ha sido la base del proceso. Durante meses se han mantenido conversaciones con los representantes de los trabajadores y las empresas, y los sindicatos ya han mostrado su respaldo a la propuesta. El Gobierno confía en que ese clima facilite un acuerdo tripartito, aunque también deja claro que la medida saldrá adelante incluso si no hay consenso total.
La reunión prevista con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme busca cerrar los últimos flecos y dar estabilidad a una decisión que afecta directamente a millones de personas. Para el Ejecutivo, el SMI no es solo una cifra, sino una herramienta de cohesión social.
Uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno es el impacto positivo que ha tenido el aumento del SMI en los últimos años. Según destaca Yolanda Díaz, organismos internacionales como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea coinciden en que esta política ha contribuido de forma clara a reducir la desigualdad en España.
En un escenario marcado por la pandemia, la inflación y diversas crisis globales, el Ejecutivo defiende que esta vez “no han pagado los de siempre”. La subida del SMI se presenta como una forma de proteger el poder adquisitivo, especialmente entre los trabajadores con salarios más bajos, y de repartir mejor los costes de las dificultades económicas, según Europa Press.
Sobre la mesa también aparece un debate recurrente: la indexación del SMI en los contratos públicos. El Ministerio de Trabajo considera clave avanzar en esta línea para evitar que las empresas que trabajan con la Administración vean comprometidos sus márgenes al aplicar la subida salarial. Sin embargo, esta propuesta sigue generando fricciones con el Ministerio de Hacienda, que hasta ahora ha frenado su aplicación.
Aun así, el mensaje del Gobierno es firme. La subida del SMI llegará en breve, con o sin acuerdo total, y lo hará como parte de una estrategia más amplia para fortalecer el empleo digno y reducir las brechas sociales. Para millones de trabajadores, no se trata solo de números, sino de seguridad, estabilidad y reconocimiento.