Justicia se queda sin jueces y baraja ampliar a 75 años la jubilación, pero bloquea la medida hasta que se jubile el juez que investiga a Begoña

En diez años se irá un 33% de los cerca de 5.000 jueces que hay en España. La medida debería aplicarse ya, pero el ministerio quiere que no se acoja a ella el juez que investiga a Begoña Gómez

El Ministerio de Justicia baraja la posibilidad de aumentar a los 75 años la edad máxima de jubilación de los jueces españoles para afrontar el problema de jubilación máxima de jueces que se le avecina.

En diez años se jubilará un 33% de los cerca de 5.000 jueces y magistrados que hay ahora en España.

El departamento de Félix Bolaños es consciente del problema y para no tener que dejar vacantes en los próximos cinco años cientos de plazas de jueces está pensando en elevar a los 75 años la edad de jubilación voluntaria.

Ahora mismo, la jubilación forzosa es a los 70 años, pero cabe pedir una prórroga por dos años hasta los 72. La voluntaria es a los 65 años.

Como, según un estudio de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, es muy previsible que en los próximos años la jubilación afecte a unos 1.700 jueces, tanto la voluntaria como la forzosa, el plan de choque provisional que maneja Justicia es permitir que los jueces y magistrados que lo deseen pueda pedir prórrogas y llegar hasta los 75 años.

Múltiples vacantes

Hay datos que apuntan a que los alumnos que salgan de la escuela de jueces de Barcelona serán insuficientes para cubrir las vacantes que surgirán

El problema se avecina, pero Justicia calla sobre este asunto. Tiene una razón política antiética: la jubilación del juez Juan Carlos Peinado, el que investiga a la mujer del presidente Begoña Gómez por cinco delitos (corrupción, malversación, tráfico de influencias…) y que se jubila el próximo mes de septiembre. Este mes cumple los 72 años, en la actualidad la máxima. No cabe prórroga.

Lo que baraja Justicia es introducir otra prórroga de tres años, voluntaria, hasta los 75. Pero si esta normativa se hace vigente ahora, aun siendo muy necesaria porque el problema ya es una realidad, el juez Peinado podría acogerse a ella y seguir investigando a Begoña Gómez durante otros tres años más y no como ahora, que está haciendo lo indecible por cerrar antes de septiembre la instrucción de los delitos que afectan a Begoña.

Y algunos de ellos tiene previsto elevarlos para juicio de cara al verano, antes de jubilarse.

Entre esos delitos, el de doble malversación, tanto por haber utilizado a una amiga como secretaria y para que le gestionase sus negocios lucrativos derivados tanto de la cátedra que le dio, a dedo y sin ser universitaria, la Universidad Complutense de Madrid.

Y también tráfico de influencias, es decir interceder mediante su firma personal a favor de subvenciones públicas hacia un empresario, el grupo Barrabés, que a su vez le ayudaba económicamente para su cátedra en la Complutense, llamada de sostenibilidad.

No quiere dejar el juzgado estancado, aunque no es descartable que no pueda concluir algunas de las piezas que ha abierto sobre la mujer de Sánchez.

En definitiva, que se vislumbran cientos de plazas vacantes porque la escuela judicial no dará abasto y porque la solución inmediata, prorrogar a 75 años el tope de la jubilación forzosa, no se quiere aplicar ya para que no pueda acogerse a ella el juez Juan Carlos Peinado.