El alcalde de Madrid, sus mentiras y la gran corrupción urbanística

Martínez-Almeida, ahijado político de Esperanza Aguirre, afín a Pablo Casado y ahora fiel escudero de Alberto Núñez Feijoo, es famoso por sus cambios de opinión en materia política y económica

José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, ahijado político de Esperanza Aguirre, luego afín a Pablo Casado y actualmente fiel escudero de Alberto Núñez Feijoo, es famoso por sus cambios de opinión en materia política y económica.

¡Vamos, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez! Y, como este, siempre en su beneficio o el de afines.

Por si no lo recuerdan, en la campaña electoral de 2019, Martínez-Almeida prometió suprimir la zona de bajas emisiones Madrid Central impuesta por la regidora Manuela Carmena (y devolver el dinero recaudado a los ciudadanos multados), medida que su partido recurrió ante los tribunales, dejando de sancionar las infracciones cuando alcanzó el poder (aunque jamás devolvió el dinero recaudado con las multas).

Al poco de ocupar el sillón de alcalde, una sentencia reactivó el control de emisiones, y el ayuntamiento volvió a multar. Y aunque una sentencia definitiva de julio de 2020 declaró ilegal Madrid Central, dando la razón al Partido Popular, Martínez-Almeida mantuvo la normativa, aunque cambiándole el nombre por el de Distrito Centro.

Y no solo no devolvió nada, sino que ha seguido multando, recaudando y ampliando la superficie afectada.

Tampoco cumplió su promesa electoral de soterrar la M-30 bajo el solar que, tras su demolición, había dejado el antiguo estadio rojiblanco Vicente Calderón. Se limitó a llevar a cabo el proyecto de Carmena, que antes tanto había criticado, cubriendo la M-30. Ahorro de gastos.

Respecto al cálculo de la reciente tasa de recogida de basuras, los madrileños se sienten víctimas de un verdadero atraco, pues en base fundamentalmente al valor catastral de sus viviendas el ayuntamiento del ínclito Martínez-Almeida les ha pasado al cobro cantidades astronómicas que en nada se compadecen con el principio de que quien contamina paga.

Los miles de recursos interpuestos son prueba de la indignación ciudadana contra el regidor.

Ampliación de la SER

Y en cuanto a la brutal ampliación, en diciembre de 2025, de la zona SER (con la consecuencia de cobrar por aparcar más allá de las 21,00 horas del viernes en los fines de semana y en los festivos) con la infumable excusa de la alta intensidad de actividad en los barrios en que se impone y asegurar plazas a los residentes… El cabreo de los madrileños es de época. Martínez-Almeida emula en afán recaudatorio a María Jesús Montero.

Aparcamientos del Real Madrid

Pero donde el actual primer munícipe capitalino parece que ha encontrado un Eldorado, y no precisamente para la corporación y la generalidad de los madrileños, ha sido en el tema de los aparcamientos de vehículos.

El negocio de la venta y alquiler de aparcamientos es más lucrativo, si cabe, que el de la vivienda de lujo. Menos gastos de construcción y mantenimiento y menos normativa que limite precios y subidas. En este sector rige la ley de la selva, en definitiva. 

Por un lado, el inefable Martínez-Almeida ha paralizado la venta a los usuarios-concesionarios de las plazas municipales de aparcamiento para residentes (PAR) que habían iniciado sus antecesoras Ana Botella y Manuela Carmena.

A este respecto, fuentes del Ayuntamiento de Madrid informan a este medio que hay grandes grupos empresariales (fondos-buitre nacionales y extranjeros) interesados en, cuando expiren los plazos de concesión administrativa a los vecinos adjudicatarios, hacerse en bloque con esos gigantescos aparcamientos, para explotarlos comercialmente.

Tales aparcamientos están construidos bajo las vías públicas, construcción pagada, en su día, por los ciudadanos a los que se adjudicaron (previo pago de importantes sumas) las plazas y a algunos de los cuales el ayuntamiento de Botella y Carmena se las vendió antes de que caducara la concesión.

El producto de la venta de esos aparcamientos a los actuales concesionarios (que acabarían pagando dos veces) podría dedicarse a construir vivienda social, de la que tan necesitada está la capital. Pero ahora, al parecer, se trata de hacer una concesión a bajo precio y por un largo plazo renovable, a poderosos inversionistas.

Redondo negocio final pero no para el ayuntamiento y los madrileños, sino para unos pocos, puesto que las citadas fuentes sospechan que la corporación (y los madrileños, en definitiva) no obtendría una ganancia apreciable, aunque sí que pudiera ser fuente futura de sustanciosas comisiones (las mordidas que algunos millonarios latinoamericanos y españoles titulares de aquellos fondos-buitre tan acostumbrados están a entregar).

Como siempre, habrá algunos pocos (empresarios, financieros, políticos y algunos funcionarios venales) que se beneficien mucho y muchos (los usuarios- adjudicatarios y los madrileños en general) se verán seriamente perjudicados.

Concesión anulada

Buen ejemplo de lo anterior, y muy reciente, ha sido la construcción y concesión (para su explotación por el Real Madrid y tal vez otras mercantiles durante 40 años) de dos aparcamientos subterráneos junto al estadio Santiago Bernabéu, en el paseo de la Castellana y la calle Padre Damián, es decir en el centro financiero y residencial de la capital.

Esta concesión fue anulada por una sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 30 de Madrid de mayo de 2024, que estimó el recurso interpuesto por una asociación de vecinos, al no considerar justificado el interés público de la operación, puesto que, además de incumplir el planeamiento urbanístico, solo beneficiaba a particulares (el túnel de acceso estaba previsto solo para el propio beneficio del Real Madrid), y no al ayuntamiento (y, por consiguiente, a los madrileños). 

Informes ignorados

En la sentencia se indicaba que el ayuntamiento había ignorado los informes de los funcionarios que advertían que los aparcamientos no eran conformes con el plan especial de urbanismo del entorno del Bernabéu de 2017.

La sentencia fue confirmada en octubre de 2025 por el TSJM (que reprocha al consistorio, entre otras cosas, no someter a audiencia pública el estudio de viabilidad económico-financiera tras efectuarse cambios significativos en el proyecto que incrementaban ¡¡un 40%¡¡ nada menos el valor de la inversión respecto a lo aceptado originalmente y la incompatibilidad de la construcción con el plan especial), y ya en septiembre de 2024 se acordó por el Juzgado competente la suspensión cautelar de las obras. 

En realidad, a los únicos que beneficiaba la operación era a los usuarios de los palcos VIP del estadio, que podrían acceder en coche al aparcamiento, y desde este, mediante un ascensor, al palco. Todo a cambio de 150.000 euros anuales al ayuntamiento. Calderilla. 

Y naturalmente la operación beneficiaba a una institución poderosa tanto en lo deportivo como, sobre todo, en lo económico, que, es de suponer, agradecería la flexibilidad interpretativa de la normativa urbanística de que hicieron gala el consistorio y sus dirigentes. 

Mientras se está en la vida política, algunos consideran que hay que hacer buenos, solventes y agradecidos amigos, pues nadie sabe lo que el futuro puede deparar. 

Veremos cómo acaba la cosa finalmente (el club merengue ha recurrido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo), pues los intereses en juego son enormes.

En todo caso, las decisiones judiciales comportan un grave varapalo al Área de Urbanismo del Ayuntamiento y al propio alcalde, que ha anunciado que no interpondrá recurso (en la esperanza de que el Real Madrid gane el suyo). 

El actual regidor madrileño, que, como Abogado del Estado de profesión, debe conocer perfectamente las normas urbanísticas que rigen en Madrid, ha dado pocas explicaciones (en realidad, ninguna de fuste) sobre por qué se autorizó esa operación, en la que, según las sentencias, tales normas han sido infringidas por la corporación que preside.

Y, por su parte, la oposición no ha interesado la oportuna investigación, para eventualmente deducir, a sus resultas, las responsabilidades, incluso penales, que en su caso resultaren procedentes (el presidente de la asociación recurrente Enrique Martínez de Azagra señala que lo hecho por el ayuntamiento raya en una prevaricación de libro).

Por otro lado, la apuesta de Martínez-Almeida por la vivienda de lujo en los distritos de Chamberí, Salamanca, Chamartín, Arturo Soria, Retiro y otros de la almendra central, permitiendo aumentar edificabilidades (se llegan a superponer dos y tres plantas a edificios protegidos) y disparar los precios de viviendas y aparcamientos, ha contribuido a expulsar a la clase media de esas zonas.

Esos barrios, de precios prohibitivos para casi todos los ciudadanos, parece que quedarán reservados a la clase alta y a las grandes fortunas extranjeras, en especial latinoamericanas, que se están afincando en Madrid.

Lo importante es que poderosos (y no tan poderosos, pero siempre afines, personal y políticamente) grupos e individuos obtengan suculentas ganancias a costa del común de los madrileños.

Esos ciudadanos que luego votan a Martínez-Almeida por descarte (la triste razón de que los otros son peores).

La actitud de la corporación que preside Martínez-Almeida en lo tocante a los aparcamientos (que en esas zonas céntricas llegan a alcanzar precios de venta y alquiler disparatados) es, en los de nueva construcción, dejar hacer a esos grupos e individuos y aumentar en lo posible la edificabilidad<

Y en los ya existentes no intervenir en defensa de la legalidad para proteger los derechos de los vecinos, facilitando a aquellos grupos e individuos afines su adquisición o utilización, incluso fuera de normativa.

En este sentido, parece que al ayuntamiento le da igual que su inacción ponga en riesgo la seguridad de personas y bienes. Lo que de su actitud presuntamente se infiere es que lo importante es que alguien se beneficie. 

Buena prueba de esa anuente pasividad (cualquiera sabe que en Derecho penal a veces la omisión equivale a la acción) es lo que este medio revelaba en su edición del 28 de octubre pasado relativo a la denuncia del 26 de junio anterior (formulada en escrito núm. 2025/963510, registrado el 27 de junio y dirigido al propio Martínez-Almeida), poniendo de manifiesto un incidente de riesgo en un patio interior de manzana que tiene entrada por un vado municipal de la calle Montesa (señalizado con el núm. 0400000803), y situado entre esta y las calles Padilla, Alcántara y Ortega y Gasset.

Es decir, en pleno barrio de Salamanca, en el que residen personas de alto nivel adquisitivo y en el que el precio de venta de las plazas de aparcamiento puede llegar a superar los 100.000 euros y el de alquiler mensual los 200. 

En ese patio de manzana, al que dan varios edificios, y que es de considerable tamaño (si bien es de piso de tierra, sin ningún vial asfaltado para que circulen los coches, careciendo de aceras para paso y deambulación de quienes por él transiten) aparcan múltiples automóviles, mientras que otros circulan, entre nubes de polvo y a considerable velocidad, por dicho patio, pues por él se accede a dos garajes que, aunque autorizados en su día por el ayuntamiento, carecen, como debieran, de viales asfaltados de paso. 

Este medio (que calificaba el asunto de turbio) tuvo conocimiento, por fuentes del ayuntamiento de Madrid, de una resolución de la Sección de Disciplina Urbanística y Procedimiento Sancionador del Distrito de Salamanca de 6 de noviembre de 2024 (es decir, de hace más de un año), firmada por la jefa de Servicio Amelia Ávila Alcantarilla, recaída en el expediente de disciplina urbanística núm. 104/2024/03833.

En dicha resolución se requiere a los propietarios del patio de manzana de que se trata para que soliciten licencia o lleven a cabo conforme a ella las obras de implantación de un garaje de aparcamiento en superficie.

Y en ella se afirma que el 30 de septiembre de 2024 se constató, por el Servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana de la Junta de Salamanca, tras una visita de inspección al aludido patio interior de manzana, que siguen estacionados vehículos en el mismo, por lo que imperativamente se acuerda, conforme a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, que el alcalde dispondrá la suspensión inmediata del uso del suelo.

Dicha resolución que, como decíamos, es firme (y por tanto ejecutiva), no se ha cumplimentado. Es decir, que Martínez-Almeida no cumple lo que el propio ayuntamiento que preside ordena. 

Votantes del PP

Algunos de los votantes del PP del barrio de Salamanca tal vez estén muy satisfechos ante la inacción del Consistorio, que tolera que en el cogollo de dicho barrio exista una situación tan irregular y peligrosa como la que supone el estado de ese patio de manzana, propio de una ciudad sin ley, en la que cada uno hace lo que le viene en gana.

Es un solar de tierra y sin viales asfaltados y señalizados, vehículos en dirección a garajes cuyas entradas dan a ese patio, mientras que otros aparcan en el mismo como buenamente pueden.

Como decíamos el 28 de octubre pasado, cuando a algún ciudadano esta situación le cueste la vida o sufra lesiones el alcalde, Martínez-Almeida echará balones fuera aduciendo que desconocía la situación. 

Y ello a pesar de ser palmario que no puede ignorar lo que la resolución de 6 de noviembre de 2024 significa, y que presuntamente lleva meses transigiendo con el flagrante incumplimiento de una resolución firme y ejecutiva del propio ayuntamiento, permitiendo un uso del suelo contrario a la norma y, sobre todo, de notorio riesgo para personas y bienes por las anómalas condiciones de utilización de ese patio.

Oposición no beligerante

Tampoco, como en el caso de los aparcamientos del Bernabéu, la oposición se muestra beligerante en este asunto. La corrupción y sus manifestaciones presentes (Ábalos, Aldama, Antxon, Begoña, Cerdán, Fernández, Koldo, Leire, etc.) y pasadas (Gürtel, Matas, Púnica, Rato, tarjetas black, Zaplana, etc.), presuntas y sentenciadas, tienen a los españoles asqueados y a los políticos mirando al techo.  

Las coimas y votos de quienes abusan e incumplen la normativa urbanística en su propio beneficio y los intereses en juego, de notoria importancia económica, sellan bocas y ralentizan el interés político por poner término a una situación que, a su notoria y escandalosa ilegalidad, une un potencial peligro para la integridad física de los ciudadanos.