El Gobierno pone sobre la mesa una subida del salario mínimo del 3,1% para 2026

Aunque no se trata de una medida inmediata, abre la puerta a revisar cómo los contratos públicos se adaptan a la evolución de los costes, una demanda recurrente de algunos sectores

El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) vuelve a situarse en el centro de la agenda social y económica. El Gobierno de España ha trasladado a los agentes sociales una propuesta concreta para 2026: una subida del 3,1%, que elevaría el SMI hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas. El anuncio lo realizó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en una reunión que marca el inicio formal de la negociación.

La medida incluye un elemento clave para muchos trabajadores: el SMI seguiría sin tributar en el IRPF. Esto permitiría que el aumento tenga un impacto real en el bolsillo, sin verse reducido por la fiscalidad. En términos prácticos, el incremento supone 37 euros más al mes respecto a los 1.184 euros actuales, una cifra que el Ejecutivo considera equilibrada en el contexto económico actual.

Una propuesta alineada con los expertos y abierta al diálogo

La subida del 3,1% no surge de la nada. Coincide con una de las recomendaciones del Comité de Expertos del SMI, que planteó dos escenarios: un aumento del 3,1% si el salario mínimo permanecía exento de IRPF o uno mayor, del 4,7%, si pasaba a tributar. Finalmente, el Gobierno ha optado por la primera opción tras consensuar con el Ministerio de Hacienda que el SMI no pagará impuestos tampoco en 2026.

Pérez Rey explicó que la propuesta ya está en manos de sindicatos y patronal, que ahora deberán analizarla y posicionarse. Por el momento, no hay un respaldo explícito ni un rechazo frontal. El Ejecutivo insiste en que el proceso debe desarrollarse desde el diálogo social, un marco que considera esencial para dar estabilidad a las decisiones laborales, según Europa Press.

Además del salario mínimo, el secretario de Estado avanzó otro compromiso relevante: empezar a estudiar “seriamente” una relajación de las normas de desindexación en la contratación pública. Aunque no se trata de una medida inmediata, abre la puerta a revisar cómo los contratos públicos se adaptan a la evolución de los costes, una demanda recurrente de algunos sectores.

Lo que queda fuera… por ahora

En la reunión no se abordaron otros asuntos sensibles, como la reforma de las reglas de compensación y absorción salarial. Pérez Rey aclaró que ese debate se trataría en un decreto distinto, lo que indica que el Gobierno prefiere avanzar por fases y no mezclar negociaciones complejas en un mismo paquete.

Para millones de trabajadores, la propuesta supone certidumbre a medio plazo. El salario mínimo se ha convertido en una referencia no solo laboral, sino también social, y cada ajuste genera expectativas y debates intensos. El Ejecutivo defiende que la subida propuesta mantiene un equilibrio entre mejora del poder adquisitivo y sostenibilidad económica.

Ahora la pelota está en el tejado de los agentes sociales. Su respuesta marcará si la subida del 3,1% se consolida tal como está planteada o si el proceso abre la puerta a ajustes. Mientras tanto, el mensaje del Gobierno es claro: el salario mínimo seguirá creciendo y lo hará sin castigo fiscal, al menos un año más.