Las promesas incumplidas dejan vía libre a la impunidad en México

La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta cuándo se aceptará esta brecha entre promesas y realidad?

Durante los últimos años, la lucha contra la corrupción se ha repetido como uno de los grandes compromisos del poder político en México. Fue una promesa central en 2018 y volvió a ocupar un lugar destacado en el discurso de 2024. Sin embargo, al cierre de 2025, la distancia entre las palabras y los hechos resulta cada vez más evidente. La impunidad, lejos de reducirse, se ha convertido en una constante que erosiona la confianza pública y debilita la vida democrática.

Del discurso transformador a la realidad intacta

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la corrupción como el origen de casi todos los males nacionales: desigualdad, inseguridad y estancamiento económico. Prometió erradicarla mediante austeridad, controles internos y sanciones ejemplares. Siete años después, los grandes casos siguen sin resolverse y las estructuras de poder permanecen intactas.

Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene la consigna de “cero tolerancia”, pero introduce un matiz que lo cambia todo: la exigencia de pruebas previas para actuar. En la práctica, este enfoque ha servido para justificar la inacción, mientras los escándalos se acumulan. Se persigue a funcionarios menores, pero los responsables de alto nivel permanecen al margen de cualquier consecuencia real.

Los megaproyectos rodeados de opacidad, la militarización de obras públicas y el uso político de programas sociales dibujan un patrón claro. La corrupción no desapareció; simplemente cambió de forma. Casos emblemáticos como Segalmex o Birmex, con desfalcos multimillonarios, superan con creces escándalos del pasado que el propio discurso oficial calificó como símbolo del “viejo régimen”.

Contrapesos debilitados y ciudadanía frente al poder

La impunidad no es un accidente, sino una herramienta. Para sostenerla, el poder ha debilitado de manera sistemática los contrapesos democráticos: organismos autónomos, fiscalías, transparencia institucional. Sin vigilancia efectiva, los abusos se normalizan y se presentan como decisiones legítimas en nombre de la “voluntad popular”.

En este escenario, la prensa independiente y la ciudadanía informada se han convertido en las últimas barreras. Gracias a investigaciones periodísticas, han salido a la luz escándalos como el huachicol fiscal, los sobrecostos del Tren Maya o el uso discrecional de fondos públicos tras desastres naturales. Sin ese trabajo incómodo, gran parte del deterioro institucional habría quedado enterrado bajo la propaganda, según el Diario de Yucatán.

También a nivel local se repite el patrón: denuncias ignoradas, silencio oficial y redes de complicidad que operan sin consecuencias. Cuando no hay sanción, el mensaje es claro: el abuso sale gratis. Así, la impunidad se vuelve paisaje y la resignación amenaza con instalarse en la sociedad.

La pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta cuándo se aceptará esta brecha entre promesas y realidad? La corrupción avanza porque no encuentra límites, y esos límites solo pueden reconstruirse con instituciones fuertes y una ciudadanía exigente. Fortalecer los contrapesos no es un gesto ideológico, sino una condición mínima para frenar el autoritarismo y recuperar la rendición de cuentas.

Que no nos engañen: la impunidad no se combate con discursos, sino con hechos. Y esos hechos siguen pendientes.