La falta de protección al ciudadano agrava las violaciones de derechos humanos en Cuba

Sin libertad económica, con el Estado como principal empleador y el cuentapropismo perseguido, el ciudadano queda expuesto al chantaje político

La indefensión ciudadana no es un efecto colateral del sistema cubano: es su pilar central. En Cuba, la ausencia de garantías jurídicas, políticas y sociales ha creado un entorno donde el abuso no solo es posible, sino estructural. Esta realidad explica por qué las violaciones de derechos humanos no son episodios aislados, sino una práctica sostenida en el tiempo.

La indefensión como método de control

El descubrimiento de los derechos humanos por parte de muchos cubanos, a menudo de manera clandestina, ha sido históricamente castigado. Mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos o cuestionar el dogma oficial ha supuesto sanciones, expedientes políticos y exclusión educativa. La escuela, lejos de formar ciudadanos libres, ha funcionado como un instrumento de control ideológico, anulando el pensamiento crítico desde edades tempranas.

El régimen ha impuesto una visión donde el individuo queda diluido en la colectividad y sometido a la voluntad del Partido Comunista. Esta lógica convierte al ciudadano en un sujeto sin voz ni defensa. No es casual que el acceso a la universidad, el empleo o la movilidad social dependa de la lealtad política. La indefensión empieza en las aulas y se prolonga durante toda la vida adulta, según el Diario Las Américas.

La paradoja es histórica. En 1948, Cuba participó activamente en la redacción de la Declaración Universal ante la Organización de las Naciones Unidas, defendiendo que los derechos solo pueden ejercerse plenamente bajo un Estado de derecho. Hoy, el país encarna lo contrario: un sistema sin separación de poderes ni garantías básicas.

Represión, impunidad y ausencia de justicia

Tras las protestas del 11 de julio de 2021, la represión se intensificó hasta niveles inéditos. Más de 1.000 presos políticos, cientos de actos represivos mensuales y un uso sistemático de la detención arbitraria sitúan a Cuba como uno de los mayores carceleros del hemisferio. Organizaciones como Prisoners Defenders y grupos de trabajo de la ONU han documentado esta deriva con datos verificables.

El problema de fondo es la impunidad absoluta. El Estado actúa como policía, fiscal y juez. No existe un poder judicial independiente y el debido proceso es una ficción. Casos de uso letal de la fuerza quedan archivados o justificados bajo supuestas “legítimas defensas”. El mensaje es claro: el abuso no tiene consecuencias.

La legislación refuerza este esquema. El Código Penal de 2022 amplía delitos que criminalizan la expresión, la manifestación y la asociación, mientras decretos como el 35 y el 370 silencian la voz digital. Incluso en emergencias humanitarias, el Estado monopoliza la ayuda y bloquea a ONG independientes, convirtiendo la necesidad en otro mecanismo de control.

Sin libertad económica, con el Estado como principal empleador y el cuentapropismo perseguido, el ciudadano queda expuesto al chantaje político. Y sin vías electorales reales, con un sistema de partido único, la indefensión se convierte en destino.

La raíz del problema es clara: sin tribunales independientes, prensa libre, sociedad civil autónoma y elecciones competitivas, la ciudadanía queda a merced de la arbitrariedad. La solución no pasa por diagnósticos complacientes ni por desviar responsabilidades, sino por devolver al ciudadano cubano la protección que le fue arrebatada. Apoyar ese reclamo no es una opción ideológica: es un imperativo moral.