Aldama asegura que se reunió con Torres durante la pandemia: «Debería estar bastante preocupado»

La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión para el empresario

El empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor del caso Koldo, ha declarado en la Audiencia Nacional lanzando un mensaje directo al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. A su salida, ha advertido de que el ministro “debería estar bastante preocupado”, tras confirmar al juez que mantuvo una reunión con él en plena pandemia para hablar de la compra de mascarillas y test.

Durante su comparecencia ante el juez Ismael Moreno, Aldama ha asegurado haber aportado pruebas que respaldan su versión. Según fuentes jurídicas, la cita tenía como objetivo aclarar los contratos de material sanitario adjudicados a empresas vinculadas a la presunta trama desde el Gobierno canario que entonces presidía Torres.

La declaración del empresario coincide con otro momento clave del caso: la comparecencia ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García. En esta línea, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza de ambos. Ábalos se convierte de esta forma en el primer diputado en activo de la democracia española que va a la cárcel por corrupción.

Piden 19 años para Aldama

El juez Moreno ha acordado citar nuevamente a Aldama tras recibir un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que analiza los contratos entre el Gobierno de Canarias y la empresa Soluciones de Gestión, considerada el núcleo de la trama. La entrega reciente a Aldama del contenido de dos dispositivos móviles intervenidos añade nuevos elementos que podrían resultar relevantes para la investigación.

Aldama está siendo investigado desde febrero de 2024, en relación con contratos de mascarillas tramitados desde el Ministerio de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión para el empresario —valorando su colaboración—, mientras que las acusaciones populares impulsadas por el PP elevan la petición a 30 años.