El Senado reprueba a García Montero por su «intromisión injustificable» en la RAE: «Si tuviera vergüenza ya habría dimitido»

El senador Juan Manuel Ávila afirma que el director del Cervantes “reventó sin pudor ni miramientos” el Congreso de Arequipa en Perú

El Pleno del Senado ha aprobado, con 144 votos a favor, 96 en contra y 18 abstenciones, una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP) que condena la “intromisión injustificada” del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en las competencias y autonomía de la Real Academia Española (RAE). La iniciativa busca dejar constancia de la preocupación del PP por la actuación de Montero y su influencia en instituciones culturales.

El senador popular Juan Manuel Ávila defendió la moción, criticando que Montero “reventó sin pudor ni miramientos” el Congreso de Arequipa en Perú y reclamando su dimisión, así como la actuación del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Según Ávila: “Si Montero tuviera vergüenza ya habría dimitido. Al igual que si Albares tuviera un poquito de dignidad ya lo habría cesado”.

El motivo central de la controversia son las declaraciones de García Montero acusando al director de la RAE, Santiago Múñoz Machado, de llevar negocios desde su despacho. Ávila cuestionó estas afirmaciones: “Ha recibido más del doble de premios desde que es director del Cervantes que en 40 años de escritor”, sosteniendo que las declaraciones de Montero carecen de fundamento y son una «intromisión injustificada» en la autonomía de la RAE.

Politización de la institución

El senador popular afirmó que el perfil del director del Cervantes no cumple con “el nivel de excelencia cultural y prestigio internacional que el cargo exige”, y acusó a Montero de contribuir a la politización de la institución. Según Ávila, la actuación de Montero forma parte de “una verdadera tendencia” que amenaza la independencia de otras instituciones culturales, citando ejemplos como la Real Academia de la Historia y varios museos.

Finalmente, la moción del PP busca reafirmar la autonomía y autoridad académica de la RAE, defendiendo su proyección internacional y subrayando la necesidad de que instituciones culturales clave mantengan criterios de neutralidad y rigor, sin injerencias externas que puedan comprometer su prestigio histórico.