El juez cree que el expresidente de la Diputación de Almería conocía y participó en la supuesta trama de comisiones

El juez considera que este uso del lenguaje cifrado es un indicio claro de la implicación directa de los investigados

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería investiga un presunto cobro de comisiones en la Diputación provincial. El foco está en contratos públicos, especialmente uno de más de dos millones de euros para la compra de mascarillas y material sanitario en abril de 2020. Según el auto judicial, el expresidente Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez habrían tenido conocimiento y participado activamente en esta trama.

El documento describe cómo se habrían beneficiado de un sobrecoste de casi un millón de euros. Los investigadores destacan el uso de un lenguaje en clave entre los implicados. En el grupo de WhatsApp ‘Naranjito’, García, Giménez y Óscar Liria, exvicepresidente tercero, utilizaban términos odontológicos para referirse a contratos y pagos. Palabras como “mordidas”, “limpieza” o “dentista” aparecen repetidamente, desvinculadas del contexto normal de una conversación.

El juez considera que este uso del lenguaje cifrado es un indicio claro de la implicación directa de los investigados. Además, se señala un momento clave: el 8 de abril de 2020, García envió un emoticono de un diente justo después de firmarse el contrato con la empresa Azor Corporate Ibérica, adjudicataria sin publicidad y sin especialización sanitaria. La investigación apunta a que se trató de un beneficio organizado desde la Diputación, con mediadores y pagos en efectivo para encubrir el origen del dinero, según Europa Press.

Sociedades instrumentales y operaciones sospechosas

Más allá del contrato sanitario, la instrucción revela el uso de sociedades instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos. Según el juez, García conocía y participaba en estas maniobras para adjudicar contratos públicos a personas allegadas. La investigación describe una actividad simulada que permitía obtener beneficios económicos aprovechando cargos públicos.

El auto también resalta la utilización de dinero en efectivo por parte de García, tanto para compras de propiedades como para abonos de cuentas, lo que podría indicar blanqueo de capitales. Además, hay indicios de que familiares habrían sido parte de estas operaciones para canalizar fondos de forma ilícita. Por ejemplo, la compra de una vivienda familiar se habría realizado sin justificación bancaria de los pagos.

El juez subraya que la adjudicación de contratos no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema supuestamente estructurado en la Diputación. La investigación continúa y alcanza a otros implicados, incluidos el alcalde de Fines, su hijo y un funcionario de la institución. Los indicios apuntan a una red de contratos, pagos en efectivo y sociedades instrumentales que podría haberse prolongado durante varios años.