La fiscal valenciana Gabriela Bravo Sanestanislao, de 62 años, ex portavoz progresista del Consejo del Poder Judicial y actual pareja sentimental del expresidente socialista de Valencia Ximo Puig -embajador de España en la OCDE- se perfila como nueva fiscal general del Estado en sustitución del recién penado e inhabilitado Álvaro García Ortiz.
Gabriela Bravo, fiscal en Valencia y exconsejera de Justicia de la Generalitat al lado de Puig, madre de tres hijos, tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima fiscal general del Estado.
Es la sempiterna protegida del fiscal en excedencia Antonio Camacho, ministro en el Gobierno de Zapatero y ahora el abogado de Begoña Gómez en sus casos de corrupción derivados de su pentaimputación en el Juzgado 41 de Madrid que dirige el juez Peinado.
En las largas sesiones de asesoramiento de Begoña Gómez, en La Moncloa, codo con codo de Pedro Sánchez, Camacho ha vuelto a hacer una apuesta por su eterna protegida Gabriela Bravo. Él la metió como vocal en el Consejo General del Poder Judicial.
A comienzos de año Gabriela Bravo pidió su reingreso como fiscal tras su paso por la política, lo que se interpreta como un movimiento para situarse en la punta de salida y desde dentro de la carrera, no como política.
Gabriela Bravo tiene, pues, muchas papeletas para ser la nueva fiscal general en sustitución de García Ortiz, que ha pagado cara su irrupción en la política para perjudicar a la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
Quiso agradar a su jefe Pedro Sánchez, obsesionado con los miles y miles de votos que le saca Ayuso en Madrid. Se odian, él a ella, más aún. Y todos saben de quién depende el fiscal general… pues eso. Lo nombra él, pero se supone que no hasta el extremo de quebrar la ley con la fuerza del Código Penal para dañar al novio de la enemiga de mi jefe.