El nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil acredita y profundiza aún más en las fechorías cometidas por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez y uno de los cuatro ocupantes del Peugeot que utilizó el ahora presidente para regresar a la secretaría general del partido en medio de imputaciones de falsedad en las urnas de las primarias socialistas.
En esta línea, el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha puesto en libertad provisional a Cerdán tras cuatro meses y 20 días en prisión, pero le ha impuesto medidas cautelares ante los fuertes indicios en su contra.
Cerdán se encontraba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, habían pedido hasta en cinco ocasiones su puesta en
libertad pero hasta ahora tanto el instructor como la Sala de Apelación lo habían frenado.
No obstante, en los últimos meses el propio Puente había venido avisando en sus resoluciones de que Cerdán no agotaría el plazo legal de seis meses para la prisión provisional, que se cumplía el 30 de diciembre, aunque también había advertido de que antes era necesario que los investigadores aseguraran las posibles pruebas. «Y, ciertamente, ha llegado ese momento», ha dicho el magistrado en un auto dictado este miércoles.
El magistrado da este paso después de que la UCO de la Guardia Civil le entregara un último informe el pasado 11 de noviembre sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%.
Este informe, al que ha tenido acceso Fuentes Informadas, revela que Servinabar se llevaba el 2% de lo que Acciona cobraba por las obras públicas obtenidas y que Cerdán y su familia disfrutaron del dinero captado por la sociedad navarra mediante el cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid -incluida la vivienda familiar- y una tarjeta de crédito donde cargaron numerosos gastos por comidas y diversas compras.
Tras recibir esta nueva información, Puente ordenó ocho registros que se llevaron a cabo el pasado viernes en distintas empresas, incluidas sedes de Acciona, de donde la UCO se llevó documentación y «terminales telefónicos y/o informáticos». Además, imputó al ex directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y a dos subordinados suyos -que siguen en la constructora pero
han sido suspendidos de sus funciones-.