El juez Juan Carlos Peinado ha decidido poner fin a la investigación contra Judit González, secretaria general de la Presidencia del Gobierno. La decisión llega tras su comparecencia como investigada. Fue una declaración breve, directa y sin evasivas. González respondió únicamente a las preguntas de su abogado y del propio juez. Aprovechó ese espacio para aclarar su papel y distanciarse de las acusaciones que la situaban en el centro del caso.
La investigación se centraba en la contratación y las funciones de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. El juez quería saber si González había permitido que Álvarez realizara tareas ajenas a su cargo oficial. Peinado la había citado al considerar que, por omisión, podría haber incurrido en un delito de malversación. Era una sospecha seria. Implicaba que la alto cargo podría no haber impedido un uso indebido de recursos públicos.
Durante la vista, González escuchó una a una las imputaciones. Y después las rebatió. Insistió en que no había autorizado ninguna actividad privada vinculada a la esposa del presidente. Su defensa sostuvo que la organización interna de la Secretaría General nunca se apartó de los cauces oficiales. Ese testimonio, según fuentes jurídicas, fue clave para el archivo inmediato.
Con su declaración, se despeja la parte del procedimiento que la afectaba. Su nombre pasa ahora a la lista de investigados que quedan fuera de esta rama del caso, según Europa Press.
El caso en el que estaba implicada González no es sencillo. Forma parte de una investigación más amplia que examina el papel de varias personas de la Presidencia del Gobierno. El objetivo es determinar si hubo desvío de fondos públicos en la contratación de Álvarez. También se analiza si realizaba trabajos privados ligados a la actividad de Begoña Gómez, más allá de su labor en la Universidad Complutense.
González era la quinta persona citada en esta causa. Antes pasaron por el juzgado Gómez, Álvarez, el ex secretario general de Presidencia Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés. Su citación estaba prevista inicialmente para el 12 de noviembre, pero un cambio de agenda obligó a retrasarla. Finalmente, declaró un domingo, en una sala distinta a la habitual debido a un cambio de guardia judicial.
Tras escucharla, Peinado acordó el sobreseimiento libre. Para la secretaria general, supone cerrar definitivamente este capítulo. Para la causa, es un paso más en una investigación que continúa, pero con una protagonista menos en el foco.