Los agentes de la UCO vuelven a señalar al fiscal como filtrador

Presentan como indicio el borrado del contenido del teléfono móvil de García Ortiz el 16 de octubre de 2024, que coincide con su imputación por el Supremo

La sesión judicial celebrada este miércoles en el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto las marcadas diferencias entre la defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los tres agentes, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, ratificaron su informe en el que señalan al fiscal general como responsable de la supuesta filtración de un correo electrónico clave en el caso del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La abogada del Estado, Consuelo Castro, reprochó a los agentes que sus conclusiones se basan únicamente en «meras inferencias» sin pruebas directas.

El origen de la controversia es un correo del 2 de febrero de 2024 enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía para negociar un acuerdo. Según la investigación, dicho correo habría sido filtrado por García Ortiz a la Cadena SER el 13 de marzo. Los agentes sostienen que la Fiscalía General del Estado era la única institución con acceso al documento, y que la jerarquía del Ministerio Público implica un «dominio total» del fiscal general sobre sus subordinados. Castro, en cambio, refutó este argumento al recordar que más de 500 personas tenían acceso a los archivos, incluidos numerosos fiscales y personal judicial.

Los agentes también aludieron a conversaciones internas en la Fiscalía que, a su juicio, evidencian una práctica previa de filtración. Citaron mensajes de la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, y las comunicaciones de WhatsApp de García Ortiz la noche del 13 de marzo, donde solicitó acceder a los correos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso. Para la UCO, estos movimientos revelan un modus operandi destinado a obtener información sensible que posteriormente habría sido divulgada a los medios.

Mensajes entre Acera y Lobato

Otro punto destacado en la vista fue el intercambio de mensajes entre la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera y el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, quienes comentaron el correo filtrado antes de su publicación mediática. Según los agentes, esto muestra la existencia de dos circuitos paralelos de difusión: uno político, que llevó el documento a manos de Lobato, y otro mediático, que culminó en la publicación de la Cadena SER. Los investigadores destacaron que incluso Lobato percibió la posible irregularidad de difundir datos personales sin autorización judicial.

La UCO presentó también como indicio el borrado del contenido del teléfono móvil de García Ortiz el 16 de octubre de 2024, coincidiendo con su imputación por el Supremo, y el cambio de terminal una semana después. Según los agentes, las evidencias apuntan a que el dispositivo fue formateado y los datos eliminados, incluidos los respaldos en su cuenta de Gmail. Sin embargo, la defensa alegó que no existe certeza técnica de que los mensajes relevantes, correspondientes a los días de la supuesta filtración, hayan sido efectivamente borrados.

Finalmente, los peritos de la defensa ratificaron un informe que descarta poder determinar si se eliminaron datos comprometedores, mientras que la UCO insistió en que el conjunto de los indicios conduce a una sola conclusión: que el fiscal general tuvo una participación directa en la filtración. El juicio continúa con un ambiente de tensión, marcado por el enfrentamiento entre las tesis de la Guardia Civil y la defensa de García Ortiz, quien podría enfrentarse a hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una multa superior a los 400.000 euros si se confirma su culpabilidad.