La Fundación Franco recibe la notificación del Gobierno sobre su posible ilegalización

La estrategia de la fundación y los documentos que aporte influirán en los tiempos, pero el acuerdo de inicio se considera “blindado”

Este viernes, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha notificado a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) que se ha abierto un procedimiento para su posible ilegalización. La entidad dispone ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. También podrá aportar documentación en un periodo de prueba que evaluará el ministerio antes de elevar la propuesta final a la Abogacía General del Estado.

El proceso comenzó en junio de 2024, cuando Cultura inició actuaciones previas para recabar información sobre la fundación. El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio, será el encargado de instar la extinción judicial ante los juzgados civiles. Fuentes oficiales aseguran que esperan que el expediente llegue al juez lo antes posible, aunque estiman que el trámite completo podría tardar al menos nueve meses. La estrategia de la fundación y los documentos que aporte influirán en los tiempos, pero el acuerdo de inicio se considera “blindado”.

Para fundamentar el procedimiento, el Ministerio ha solicitado informes a distintos organismos, entre ellos la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado. Además, se ha contado con análisis de expertos en derecho y recopilación de testimonios de víctimas del franquismo, según apunta Europa Press.

Motivos y contexto

contó con análisis de expertos en derecho y testimonios de víctimas del franquismo.

Motivos y contexto

El Gobierno podría ilegalizar la fundación por dos motivos principales: no perseguir fines de interés general y ensalzar el franquismo. Esto incluye glorificar el golpe de Estado de 1936, la dictadura y humillar a las víctimas. Aunque la FNFF argumenta que tiene fines culturales e históricos, Cultura considera que la fundación centra sus actividades en mantener archivos y bibliotecas sobre Franco y difundir su figura de manera positiva. Estas actividades violan la Ley de Memoria Histórica.

La fundación también participa en debates culturales y políticos actuales, critica la legislación de memoria histórica y promueve la vida y obra de Franco. Cultura asegura que los españoles no deberían financiar indirectamente a la entidad, que se beneficia de incentivos fiscales y donaciones. Por ello, se prevé solicitar medidas cautelares para proteger el archivo histórico de posibles manipulaciones o destrucción de documentos, siguiendo la experiencia del caso del Pazo de Meirás.

Fuentes del Ministerio confían en que el procedimiento judicial avale la ilegalización, aunque reconocen que la fundación podría buscar nuevas formas legales para mantener su actividad. Mientras tanto, el expediente ya está en marcha, y la FNFF ha sido formalmente notificada de que su continuidad está en revisión.