La responsabilidad penal del juez por prevaricación judicial en España: análisis del delito y sus pilares constitucionales

“El derecho es el pan de la vida y el juez es el encargado de repartirlo. ¡Ay de aquel que reparta piedras en lugar de pan!”— Francesco Carnelutti

I. Pilares constitucionales que habilitan la persecución penal (Constitución Española)

La Constitución Española de 1978 (CE) establece los principios fundamentales que rigen la función judicial y, al mismo tiempo, la base de la responsabilidad de los jueces.

1. El Pilar de la responsabilidad e independencia (Art. 117 CE)

Este artículo consagra la naturaleza de la función judicial, cimentando su independencia y su sujeción a la ley, lo que implica responsabilidad por su incumplimiento.

CE, Artículo 117, Numeral 1:

«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.»

Análisis celoso: Este numeral establece que la responsabilidad es un principio intrínseco de la función judicial. Es el fundamento primario que permite la exigencia de responsabilidad penal por prevaricación.

2. El Pilar de la indemnización por error judicial (Art. 121 CE)

Este principio constitucional aborda la reparación estatal por el funcionamiento anormal de la justicia, y separa esta responsabilidad de la personal del juez, aunque esta última sigue vigente por dolo o culpa grave.

CE, Artículo 121:

«Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.»

II. Tipificación penal: el delito de prevaricación judicial (Código Penal Español)

La tipificación del prevaricato judicial se encuentra específicamente en el Título XIX (Delitos contra la Administración Pública), Capítulo I del Código Penal (CP), distinguiendo según el tipo de proceso. La clave es la «manifiesta injusticia» y el dolo (la conciencia y voluntad de dictarla).

A. La conducta típica: la resolución manifiestamente injusta

B. Delitos Conexos: El Retardo Malicioso

• Retardo malicioso (Artículo 449 del CP): Sanciona al Juez o Magistrado que maliciosamente dejare de dictar sentencia o resolución que esté obligado a dictar, o dilatare injustificadamente su ejecución. Persigue la denegación de justicia intencional.

III. Conexión con la corrupción: el cohecho (CP Español)

El prevaricato se convierte en la forma más grave de corrupción judicial cuando se produce un intercambio ilícito.

A. Cohecho pasivo propio

El cohecho pasivo propio (Artículos 419 y siguientes del CP) se configura cuando el juez acepta o solicita una retribución por dictar la resolución injusta:

1. El juez acepta o solicita: Una dádiva, regalo o promesa (corrupción).
2. El acto judicial corrupto: Lo hace para realizar un acto contrario a los deberes de su cargo (es decir, el prevaricato).

Análisis celoso: En estos casos, el prevaricato se convierte en el acto contrario a deberes por el cual el juez se ha corrompido, siendo perseguido por el delito de Cohecho agravado.

IV. El régimen disciplinario y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)

La Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial (LOPJ) establece el estatuto y el régimen disciplinario. Las faltas muy graves pueden llevar a la expulsión de la Carrera Judicial y suelen ser un fuerte indicio de la comisión del delito penal.

• Faltas muy graves (Art. 417 LOPJ): Incluyen la violación de la imparcialidad que precede a una posible prevaricación.

“Lo que yo siento por el proceso es un profundo, un invencible dolor, un dolor que se me figura reflejo del dolor de los que sufren el proceso, porque el proceso es la lucha entre el derecho y la injusticia y a menudo es la injusticia que triunfa.”

— Francesco Carnelutti

Crisanto Gregorio León – Profesor Universitario