Casi la mitad de los juicios por abuso sexual infantil en España se alarga más de tres años

La lentitud de los juicios complica la recuperación de las víctimas y evidencia la necesidad de una justicia más especializada

Casi el 41% de los juicios por abuso sexual infantil en España dura más de tres años. En un 12% de los casos, el proceso se extiende más de cinco años. Así lo refleja el informe Por una justicia a la altura de la infancia de Save the Children, que analizó 345 sentencias entre 2023 y 2024.

Más de la mitad de los niños y niñas víctimas tuvieron que declarar varias veces. “Estos procesos largos dificultan significativamente la recuperación de los menores”, explica Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la ONG. La repetición del testimonio fuerza a las víctimas a revivir el trauma, algo especialmente preocupante dado que su declaración es la principal prueba en la mayoría de los casos.

Aunque existe la prueba preconstituida, la grabación de la declaración para no tener que repetirla en juicio, solo se aplicó en el 34,5% de los casos. “Su uso sigue siendo insuficiente y minoritario, a pesar de ser obligatoria para menores de 14 años”, subraya Perazzo.

La mayoría de las víctimas son niñas o adolescentes (82,9%), con una edad media de inicio de abusos de 12 años. En un 5% de los casos, las víctimas presentan algún tipo de discapacidad. La violencia sexual contra la infancia sigue siendo silenciada: en 2023 se registraron 9.185 denuncias, una cifra que refleja solo una parte de la realidad, según la ONG.

Necesidad de una justicia especializada

La mayoría de los agresores son hombres conocidos por las víctimas, generalmente del entorno familiar (41,8%) o conocidos no familiares (38,7%). Solo un 19,5% son desconocidos, y la mayoría no tenía antecedentes penales.

En 2025, el Gobierno aprobó el Real Decreto 422/2025 para crear secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia, pero solo en tres ciudades: Barcelona, Madrid y Málaga. Save the Children considera que esto deja fuera a muchos niños y niñas, que seguirán pasando por procesos sin formación específica en infancia.

La ONG propone expandir el modelo Barnahus, centros donde los menores reciben atención en un entorno seguro y coordinado. En Cataluña, las Barnahus redujeron la duración de los procesos de casi tres años a poco más de uno y aumentaron las condenas de un 65,9% a un 84,5%. Además, los menores tienen que repetir menos veces su testimonio, mejorando su experiencia en la justicia.

Para Save the Children, cumplir la Ley de Protección Integral de la Infancia exige una justicia especializada en todo el país. Solo así se podrá proteger de verdad a los niños y niñas que han sufrido violencia sexual y garantizar que sus derechos sean prioridad.