La jueza envía al banquillo a González Amador por cuatro presuntos delitos, entre ellos el de pertenecer a un grupo criminal
La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman tres años y nueve meses de prisión para la pareja de Ayuso
La jueza Carmen Rodríguez Medel ha ordenado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El auto establece que será juzgado por dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con dos de falsedad documental, además de un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
La resolución judicial sostiene que González Amador defraudó presuntamente 350.951 euros a Hacienda en los ejercicios de 2020 y 2021. La decisión de la magistrada es firme y no admite recurso. La instructora ha ampliado las acusaciones respecto al auto de procesamiento inicial dictado por su predecesora, Inmaculada Iglesias —que se jubiló de forma voluntaria—, al incluir los delitos de contabilidad y pertenencia a organización criminal, ausentes en la primera resolución.
El procedimiento también afecta a cuatro presuntos testaferros vinculados a González Amador. Maximiliano Eduardo Niederer afronta las mismas acusaciones que el empresario, mientras que David Herrera, Agustín Carrillo y José Miguel Carrillo están imputados por un delito contra la Hacienda Pública, otro de falsedad documental, un delito contable y pertenencia a grupo criminal. La jueza ha declarado que los Juzgados de lo Penal de Madrid serán los encargados de enjuiciar a todos los acusados.
Tres años y nueve meses de prisión
En cuanto a las peticiones de pena, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman tres años y nueve meses de prisión para la pareja de Ayuso. Por su parte, las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y Más Madrid elevan la solicitud a cinco años de cárcel. Estas peticiones, sin embargo, no incluyen los dos delitos añadidos en el auto de apertura de juicio oral, lo que podría modificar el marco penal al que se enfrenta el empresario en la fase de enjuiciamiento.
El caso sitúa a la pareja de la presidenta madrileña en el centro de un proceso judicial con implicaciones políticas de gran alcance. La acusación por fraude fiscal, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal abre un escenario judicial complejo que no solo afecta a González Amador y sus presuntos colaboradores, sino que también incrementa la presión sobre el entorno político de Ayuso.
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