El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por «irresponsabilidad criminal» tras los fallos en las pulseras antimaltrato

Según la ‘popular’ Alicia García, la falta de transparencia y reacción del Ejecutivo ha puesto en riesgo directo a las víctimas de violencia de género

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado al Gobierno de una “irresponsabilidad criminal” tras los fallos detectados en las pulseras telemáticas de maltratadores. En rueda de prensa, ha reclamado que se realice una auditoría independiente para determinar “la dimensión de la gravedad de lo ocurrido y garantizar que no vuelva a suceder”. Además, ha solicitado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y su comparecencia urgente en la Cámara Alta.

En sus declaraciones, García exigió respuestas claras sobre el alcance del problema: “Que responda con claridad cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas, cuántos agresores se han beneficiado del caos del Gobierno y cómo van a reparar el daño de las mujeres afectadas”. Según la portavoz, la falta de transparencia y reacción del Ejecutivo ha puesto en riesgo directo a las víctimas de violencia de género.

La dirigente popular también reprochó al presidente Pedro Sánchez haber priorizado la propaganda sobre la protección real de las mujeres. “Mientras Sánchez hacía propaganda, las víctimas estaban más solas que nunca. Las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes. Las mujeres víctimas necesitan protección, justicia y verdad”, señaló, insistiendo en que la gestión del Ministerio de Igualdad ha sido “nefasta”.

«Irresponsabilidad criminal»

Asimismo, recordó que el Gobierno fue advertido por el Consejo General del Poder Judicial hace 20 meses sobre los defectos del sistema, pero que las alertas fueron ignoradas. “El Gobierno lo sabía, le advirtieron, cayó y silenció”, afirmó García, subrayando que no se trata solo de incompetencia, sino de una “irresponsabilidad criminal” por haber permitido que un sistema defectuoso continuara en uso.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió la existencia de “algunas incidencias técnicas” coincidiendo con un cambio de contrato entre empresas proveedoras del servicio. “Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente”, aseguró. No obstante, la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2024, ha alertado de que los fallos en las pulseras han derivado incluso en absoluciones, lo que eleva la polémica y aumenta la presión sobre el Gobierno.