La Fiscalía se niega a que la UCO analice siete años de ‘mails’ de Begoña Gómez: “Es una decisión desmesurada”

El Ministerio Público presenta un recurso de apelación en el que argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales

La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que impida que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceda a los correos electrónicos de la cuenta oficial de Presidencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, desde julio de 2018 hasta la actualidad. La petición se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado ordenara la diligencia el pasado 3 de septiembre, calificándola como “absolutamente desmesurada”.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales. Según el fiscal, la orden afecta “indudablemente a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, y en definitiva al derecho al entorno virtual de la persona afectada”. Por ello, sostiene que la diligencia debería haberse dictado mediante auto, no por providencia.

La Fiscalía recuerda que la propia Audiencia de Madrid ha señalado en ocasiones anteriores al juez Peinado que ciertas decisiones judiciales deben adoptarse a través de un auto, y critica que la resolución “adolece de la más elemental motivación”. Subraya que toda diligencia de este tipo requiere explicar claramente “por qué se adopta y con qué finalidad”.

¿Es proporcional?

Asimismo, el recurso cuestiona la proporcionalidad de analizar todos los correos de la esposa del presidente. La Fiscalía señala que “la ausencia de análisis de todos los principios es evidente, pues no se realiza análisis ni de la especialidad, idoneidad, ni de la excepcionalidad, ni la necesidad”. Añade: “¿Es proporcional atendiendo a los principios y criterios expuestos recabar y analizar todos los correos electrónicos enviados y recibidos? ¿Todos? ¿Todos los correos están relacionados con el delito investigado?”.

Este recurso de la Fiscalía se suma al presentado por la defensa de Begoña Gómez, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, que también solicitó a la Audiencia de Madrid frenar el acceso y análisis de los correos electrónicos, reforzando así la protección de la intimidad de la afectada.