Prisión domiciliaria para el ex presidente Bolsonaro por desobedecer a la Justicia brasileña

Podría enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión, además de quedar inhabilitado de forma permanente para ejercer cargos públicos

El Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), debido a reiteradas violaciones de las medidas cautelares impuestas en su contra por su presunta implicación en la financiación de una trama destinada a obstaculizar, desde Estados Unidos, la investigación por intento de golpe de Estado.

«Ante el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares previamente impuestas, ordeno el arresto domiciliario de Jair Messias Bolsonaro», declaró el juez del Supremo Alexandre de Moraes, responsable del caso, según informó el portal de noticias brasileño UOL.

La Policía Federal llevó a cabo un registro en la residencia de Bolsonaro en Brasilia como parte de las pesquisas sobre su supuesta financiación de una campaña en territorio estadounidense. Dicha campaña promovía sanciones y aranceles contra autoridades brasileñas, incluidos magistrados del Supremo, algunos de los cuales ya han visto revocados sus visados por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Intento de golpe de Estado

De acuerdo con las investigaciones, Bolsonaro habría destinado hasta dos millones de reales (unos 300.000 euros) a esta campaña, liderada por su hijo Eduardo desde marzo, coincidiendo con un creciente interés del expresidente Donald Trump por el caso judicial del exmandatario brasileño.

Hace unas semanas, la Fiscalía presentó sus alegaciones finales en el juicio por intento de golpe de Estado, solicitando que Bolsonaro sea declarado culpable. De ser condenado, podría enfrentarse a penas de hasta 40 años de prisión, además de quedar inhabilitado de forma permanente para ejercer cargos públicos.

Bolsonaro y otros siete implicados son considerados parte del núcleo central de la trama golpista, con la que presuntamente intentaron mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolición violenta del Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio público durante los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando se intentó asaltar las principales instituciones del país.