El Gobierno blinda el secreto profesional de los periodistas

El Ejecutivo establece por ley un límite de 45 años para desclasificar automáticamente información de alto secreto

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica que regula el derecho al secreto profesional de los periodistas, con el objetivo de proporcionar una protección legal específica y completa a este principio fundamental del ejercicio informativo. Esta iniciativa responde a una necesidad histórica de desarrollar jurídicamente este derecho, tal como está recogido en la Constitución española.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de presentar el texto y ha destacado que la norma busca proteger tanto a los profesionales de la información como el secreto de sus fuentes y comunicaciones. La propuesta aún deberá someterse a un proceso de audiencia pública antes de seguir su curso legislativo.

Información de alto secreto

Además, el Ejecutivo ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley sobre información clasificada, que sustituirá a la actual ley de secretos oficiales vigente desde 1968, heredada del franquismo. Esta nueva legislación introduce por primera vez un sistema de plazos claros para la desclasificación automática de documentos, buscando modernizar y transparentar la gestión de la información reservada del Estado.

Según lo anunciado, la documentación clasificada como “alto secreto” tendrá un plazo máximo de desclasificación de 45 años, que podrá prorrogarse por 15 años adicionales si existen razones justificadas. Esta categoría incluye los documentos que afectan directamente a la seguridad del Estado.

Por su parte, los documentos considerados como “secreto” tendrán un plazo de 35 años con posibilidad de una prórroga de 10 años. En niveles inferiores, los plazos serán más cortos: la información “confidencial” deberá desclasificarse en un periodo de entre 7 y 9 años, sin posibilidad de extensión.

Finalmente, para la categoría de “información restringida”, el periodo de desclasificación será aún más breve, entre 4 y 5 años, también sin opción a prórroga. Con estas medidas, el Gobierno pretende equilibrar el derecho a la información y la seguridad del Estado, asegurando que la documentación clasificada no permanezca en secreto de manera indefinida.