Bruselas expedienta a España por intervenir en la OPA de BBVA a Sabadell y elevar la decisión al Consejo de Ministros

Lo que más preocupa a la Comisión es que la legislación española en materia de competencia y supervisión bancaria no esté alineada con la normativa europea

La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por permitir al Gobierno intervenir con poderes discrecionales en operaciones empresariales como la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Según Bruselas, la legislación española concede al Ejecutivo una capacidad de acción que puede ir más allá del interés general, contraviniendo el Derecho de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario ha dado a España un plazo de dos meses para responder y corregir lo que considera una transposición deficiente de varias normativas europeas. En concreto, cuestiona si el Ejecutivo español actuó por un motivo genuino de interés público y señala que decisiones como la elevación del caso BBVA-Sabadell al Consejo de Ministros, el pasado 27 de mayo, no están justificadas.

Desde Bruselas recuerdan que si el Gobierno hubiera acreditado un interés público real, no habría objeción. Sin embargo, advierten de que en materia bancaria, las competencias corresponden de forma exclusiva al Banco Central Europeo (BCE) y no al Consejo de Ministros, lo que podría suponer una vulneración de la legislación comunitaria.

Carta de emplazamiento

La apertura del expediente se ha formalizado con una carta de emplazamiento, el primer paso en un procedimiento sancionador que busca resolver las diferencias mediante el diálogo. Si no hay acuerdo, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aunque el proceso no afectará directamente a la operación entre BBVA y Sabadell.

Lo que más preocupa a la Comisión es que la legislación española en materia de competencia y supervisión bancaria no esté alineada con la normativa europea. En particular, se cuestionan los poderes otorgados al ministro de Economía en la ley de ordenación y supervisión de entidades de crédito y en la directiva de requisitos de capital.

Según fuentes comunitarias, estas leyes otorgan al Ejecutivo español un margen de maniobra que puede socavar las competencias del BCE y entorpecer el correcto funcionamiento del mercado interior. También se pide una interpretación más restrictiva de la ley de defensa de la competencia, en línea con las exigencias comunitarias.