Jueces y fiscales inician la huelga de tres días contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia

Una de las mayores preocupaciones de los huelguistas es la inclusión en la carrera judicial de aproximadamente 1.000 jueces sustitutos sin haber aprobado oposiciones

Jueces y fiscales de toda España han comenzado este martes una huelga de tres días en protesta por dos reformas legislativas impulsadas por el Gobierno y actualmente en tramitación parlamentaria. Las asociaciones convocantes, que excluyen a las de corte progresista, estiman un seguimiento del 75%, aunque los datos oficiales son difíciles de verificar debido a la falta de reconocimiento legal del derecho de huelga para estos colectivos.

El Ministerio de Justicia ha reconocido la dificultad para obtener cifras exactas, ya que no existe un registro oficial del Consejo General del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado. Al tratarse de una huelga sin cobertura legal explícita, no hay una contabilidad formal ni mecanismos establecidos para reflejar las ausencias laborales y los descuentos salariales correspondientes.

Las asociaciones convocantes –entre ellas la APM, AJFV, FJI, AF y APIF– han ofrecido una rueda de prensa para explicar sus motivos. Denuncian que las reformas suponen un ataque al Estado de Derecho, especialmente en lo que respecta al acceso a la carrera judicial y al estatuto del Ministerio Fiscal. María Jesús del Barco, presidenta de la APM, afirmó que los jueces no desean hacer huelga, pero se ven forzados a ello por las circunstancias.

Desde APIF, Salvador Viada ha acusado directamente al Gobierno de socavar el Estado de Derecho de manera sistemática, describiéndolo como un Ejecutivo “acosado por la corrupción”. Como antesala de la huelga, las asociaciones convocaron una manifestación frente al Tribunal Supremo el pasado sábado, que reunió entre 3.000 y 5.000 personas en defensa de la independencia judicial.

Inclusión en la carrera judicial

Una de las mayores preocupaciones de los huelguistas es la inclusión en la carrera judicial de aproximadamente 1.000 jueces sustitutos sin haber aprobado oposiciones, lo que consideran una desnaturalización del sistema. Además, critican que a los ingresados por el «cuarto turno» se les otorgue artificialmente cinco años de antigüedad, lo que facilitaría su acceso a puestos de alta responsabilidad en la judicatura.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, indicó que la huelga cuenta con el apoyo de unos 1.000 fiscales de los 2.500 existentes, pese a que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, instó a garantizar ciertos servicios mínimos. Dexeus destacó el compromiso de sus compañeros y expresó su orgullo por el nivel de seguimiento.

Finalmente, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, recordó que el Consejo General del Poder Judicial había sido claro al declarar que esta huelga no tiene amparo legal, y por tanto, no puede considerarse oficialmente comunicada. El Ejecutivo no ha dado validez jurídica a la protesta, lo que aumenta la tensión entre los poderes del Estado.