La jueza ordena a la UCO investigar el caso de González Amador

La magistrada se reafirma en la necesidad de seguir indagando si la pareja de Ayuso incurrió en corrupción en los negocios

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se encargue de investigar el caso que implica a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión forma parte de una pieza separada del procedimiento por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y responde a la petición de la Fiscalía por la complejidad del caso y su dimensión interprovincial.

La investigación gira en torno a la sociedad Maxwell Cremona, administrada por González Amador, que habría experimentado un significativo aumento de ingresos durante 2020 y 2021 por la intermediación en operaciones con material sanitario, así como por su facturación a Quirón Prevención SL, su principal cliente. La Agencia Tributaria ha señalado que podría haberse utilizado una sociedad instrumental para desviar beneficios.

Uno de los elementos clave es la compra de la sociedad Círculo de Belleza SL en diciembre de 2020 por parte de Maxwell por casi medio millón de euros a la esposa de un alto directivo de Quirón Prevención. Según el auto judicial, la empresa carecía de valor real, y había sido adquirida apenas tres meses antes por un precio muy inferior. Esto hace sospechar a la Fiscalía que la operación encubría una retribución encubierta o una simulación de negocio.

Irregularidades en Maxwell

La documentación recopilada indica que Maxwell facturó en 2020 casi 2 millones de euros por su participación en operaciones de venta de material sanitario entre FCS Select Products SL y MAPE Asesores SA. Sin embargo, los inspectores detectaron que los servicios facturados no fueron prestados realmente por Círculo de Belleza (posteriormente rebautizada como Masterman & Whitaker), sino por la propia Maxwell.

El entramado se habría articulado para simular que Masterman era la empresa que prestaba servicios a Quirón Prevención, cuando en realidad no tenía ni personal ni medios materiales para ello. En diciembre de 2021 se firmó un contrato para ceder parte de un acuerdo con Quirón y, al día siguiente, González Amador pasó a ser socio único de Masterman, tomando el control total de los fondos de la sociedad.

Dado el carácter complejo y las sospechas de que los fondos obtenidos podrían haberse blanqueado o disimulado, el juzgado ha encargado a la UCO llevar a cabo todas las gestiones necesarias para esclarecer el origen y destino de los beneficios obtenidos. Se investigará si estas actividades delictivas sirvieron para ocultar ingresos ilícitos mediante estructuras empresariales ficticias.