La ley que desató el tsunami contra Pedro Sánchez ya es constitucional

El magistrado Arnaldo lideró el último intento del sector conservador -con la excepción honorable del magistrado Enríquez- de aplazar un mes la votación de la sentencia que desestima el recurso del PP

El expresidente Felipe González declara como testigo en el Tribunal Supremo el 23 de junio de 1998 en el caso Segundo Marey, de la guerra sucia contra ETA.

Una de las acepciones de la venganza ásegún Freud es el intento de recuperar el control perdido. O de restablecer el equilibrio. Sin tener en cuenta si dicho intento resulta perjudicial para uno mismo o para los demás.

Estas ideas se cruzaron conmigo este jueves 26 de junio al escuchar la entrevista que concedió Felipe González a Onda Cero.

Cándido Conde-Pumpido, presidentr del Tribunal Constitucional (TC) ha formado parte del grupo progresista de seis miembros del TC que ha constitucionalizado la «barrabasada» y «corrupta» ley de amnistía.

El expresidente y exsecretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se despachó, pues, sin pérdida de tiempo y sin conocer el texto final de la sentencia, en el programa de radio con Carlos Alsina, contra la ley de amnistía por ser una «barrabasada», porque es “corrupción política”, y porque es «pedirles perdón» a los dirigentes independentistas del ‘procés’.

Y cabalgando González sobre el anuncio de Pedro Sánchez del miércoles 25, en respuesta a los medios, de que sí, en efecto, pensaba presentarse a nuevas elecciones en 2027 dijo que él no le votaría.

«Ni el PSOE contará con mi voto… Ni el PP. Veo a Feijóo haciendo figuras con Mazón y ayer con el propio Abascal«, explicó.

Es la primera vez que González hace referencia a la relación entre Feijóo y Abascal, a cuenta del encuentro que ambos dirigentes mantuvieron el pasado miércoles 25 de junio en el Congreso de los Diputados, donde escenificaron una especie de reconciliación.

Parece que González, pues, ha tomado nota finalmente de que referirse al PP en los tiempos actuales de Feijóo exige apuntar también su relación con el partido de ultraderecha Vox.

Hasta ahora no había tomado González nota de ello, al menos no públicamente.

Pero, este ataque contraprogramado del expresidente contra la ley de amnistía este jueves 26 de junio tiene un punto que cualquier análisis en el diván no puede dejar de mencionar: el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que respaldó el trabajo de la magistrada ponente, la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, fue uno de los miembros del tribunal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que citó al expresidente Felipe González en el juicio estrella de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) el 23 de junio de 1998 en calidad de testigo.

Y este tribunal, integrado por todos los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, es el que dictó la sentencia condenatoria el 29 de julio de 1998 en el caso Segundo Marey.

Secuestrado por error -fue confundido con un miembro de la banda terrorista ETA-, el ciudadano francés Marey fue víctima de la guerra sucia del Estado contra ETA.

Conde-Pumpido formó parte del tribunal, pues, que condenó al exministro del Interior socialista José Barrionuevo, al exdirector de la Seguridad del Estado Rafael Vera, y a otros cargos del PSOE.

Y que permitió inmortalizar en imágenes la presencia de González en la puerta del Centro Penitenciario de Guadalajara el 10 de septiembre de 1998 arropándoles cuando hacían su entrada para cumplir la pena de prisión (10 años de cárcel cumplida durante tres meses y medio en una primera estancia, tras el indulto parcial que les concedió en diciembre de 1998 el gobierno de José María Aznar y diez horas en una segunda estancia)

Y mira por dónde, el mismo magistrado, ahora presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha formado parte del grupo progresista de seis miembros del TC que ha constitucionalizado la «barrabasada» y «corrupta» ley de amnistía.

No parece que los ataques de González a la sentencia de la ley de amnistía reflejen el proceso de elaboración de lo que pasó con la sentencia del caso Segundo Marey tras comparecer el expresidente como testigo y defender durante tres horas aquel 23 de junio de 1998 -hace ahora 27 años- la inocencia de sus lugarteniente.

González, además, explicó este jueves que Pedro Sánchez debe dimitir tras siete años en La Moncloa y dejar paso a otro dirigente. Y volvió a repetir que su candidato en las elecciones primarias del PSOE en 2014 había sido Eduardo Madina y que sigue siéndolo. Es decir: González coincide con Feijóo en que Sánchez debe dimitir y convocar elecciones generales. E intenta influir en la selección del candidato.

Pero dejemos a Felipe González en el diván y vayamos a lo que ha pasado este jueves 26 de junio en el Pleno del TC.

El bloque del sector conservador, encabezado sobre todo por el magistrado Enrique Arnaldo, hizo este jueves el esfuerzo postrero por aplazar la votación de la ley de amnistía:

«Yo no estoy en condiciones de votar hoy. No he he podido leer el texto final de la ponencia», dijo Arnaldo.

«Podemos ordenar una pausa de media hora o lo que acordemos para que puedas leerla Enrique», apuntó Conde-Pumpido.

«Media hora. Necesitamos un mes, Cándido«, replicó Arnaldo.

Evidentemente no se acordaría ese aplazamiento.

Y se votó con el resultado previsible de seis votos (el séptimo magistrado del sector progresista, Juan Carlos Campo, se había abstenido) a favor de desestimar el recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular y cuatro votos en contra con sus correspondientes votos particulares (el quinto magistrado de los conservadores, el combativo José María Macías, fue apartado hace ya meses de la votación por considerar la mayoría que había perdido la imparcialidad).

Precisamente, en el previsto debate que comenzó el pasado lunes día 23 de junio, los cuatro miembros del sector conservador, adoptaron una misma posición desde el inicio: no vamos a debatir, todo el pescado está vendido, nos pronunciamos a través de nuestros votos particulares. Arnaldo fue quien intentó aplazar la votación un mes más, pero según fuentes judiciales, no le siguieron los otros magistrados: Concepción Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez. A diferencia de su grupo, Enríquez sí participó en el debate con los otros seis miembros del sector progresista (Conde-Pumpido, Montalbán, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer, Laura Díez y María Luisa Segoviano).

La autoamnistía del dictador Augusto Pinochet, en el Chile de 1978, la amnistía de la España de 1977, la gravedad de la crisis política territorial de la España de 2012-2017 (consulta soberanista de noviembre de 2014, referéndum del 1 de octubre de 2017), fueron algunos de los asuntos que afloraron en el debate y en los argumentos del sector progresista.

Prácticamente, al tiempo de trascender que el Pleno del TC votaría esta semana la sentencia de desestimación del recurso del PP, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestimó, a su vez, el incidente de ejecución de sentencia presentado por Carles Puigdemont contra la denegación de la Sala Segunda del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación.

Se trata de un paso procesal formal preceptivo que se exige en los últimos años para presentar el recurso de amparo en el TC.

Por tanto, solo ahora, tras largos meses con la apelación y la ejecución de sentencia, Puigdemont puede acudir en amparo al Constitucional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo y el magistrado instructor del caso del ‘procés’, Pablo Llarena, rechazaron el 1 de julio de 2024 aplicar la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes, con el argumento de que la malversación se había quedado fuera de los delitos amnistiables Ya demostró la magistrada Ana Ferrer -que integró el tribunal del ‘procés’ que la ingeniería adoptada por sus colegas es una «ficción jurídica» o «una entelequia».

Porque la ley explica de manera cristalina que la malversación – canalizada a la promoción y realización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017- debía ser amnistiada.

Es decir, ese es el deseo expreso de los legisladores. Deseo que al ser ignorado por la Sala Segunda suponía colocarse por encima del imperio de la ley.

Puigdemont y el recurso de amparo

Puigdemont, pues, tendrá que esperar a que el TC aborde su recurso de amparo -una vez que lo presente en los próximos días- en el que exigirá la aplicación de la ley de amnistía, ya que la Sala Segunda, como se ha apuntado, se niega a aplicarla.

Fuentes judiciales consultadas perfilan para el último trimestre de 2025 la resolución de los recursos de amparo que hacen cola en el TC al que exigen la aplicación de la amnistía que deniega el Supremo.

Otra alternativa es que el expresident Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención en España, fuerce la situación y decida volver, presionando con su conducta al TC para que resuelva su amparo de manera urgente si el magistrado instructor, Llarena, se atreve a meterlo, a quemarropa, con una ley de amnistía vigente, enviarlo a prisión. La orden de arresto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya está actualizada desde julio de 2024.

Fuentes judiciales señalan a EL PERIÓDICO que se espera que a partir de septiembre próximo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva, a su vez, las “cuestiones prejudiciales” que han elevado diversos tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional.

La Sala Segunda del Supremo en ponencia del entonces presidente Manuel Marchena advirtió en 2024 de que en caso de que el TC fallase en sentido contrario a su posición sobre la ley de amnistía, elevaría una cuestión prejudicial al TJUE sobre la malversación.

Con todo, es posible que no llegue a tiempo. Porque otros tribunales ya han preguntado al TJUE sobre la malversación y la respuesta puede estar lista no después del próximo otoño.

La ley de amnistía ya es constitucional. La ofensiva de lo que hemos llamado el sindicato mediático-político-judicial ha sido feroz contra el sector progresista del TC, el presidente Conde-Pumpido, una campaña de deslegitimación personal y profesional nunca vista.

La sentencia recupera algo del honor perdido del Estado Judicial Español.(EJE)