Repugnante amenaza de muerte: un crimen repudiable

En la mente de la persona que profiere la amenaza, opera una lógica invertida y totalmente perversa

DR. CRISANTO GREGORIO LEÓN

«El abogado tiene el derecho a percibir honorarios por su actuación profesional y a la provisión de fondos en justa correspondencia con la importancia previsible del asunto, su complejidad y la dedicación que exija.»

— Artículo 14 del Código Deontológico de la Abogacía Española

Es un escenario que desafía toda lógica y razón, pero lamentablemente no es tan infrecuente como quisiéramos. Imaginar que alguien exige un vehículo en un concesionario sin pagar, bajo el pretexto de que la adquisición de un bien genera un gasto, es tan absurdo como la realidad que enfrentan muchos abogados. Cuando un familiar de una persona privada de libertad, imputada o acusada de un delito, amenaza de muerte a un profesional del derecho por el hecho de tener que vender una propiedad para cubrir los gastos esenciales del proceso penal, estamos ante una manifestación extrema de una profunda distorsión de la realidad y una incapacidad para asumir la responsabilidad inherente que les concierne. Es su problema, y es su obligación buscar los recursos para resolverlo.

La lógica invertida: El origen de la agresión

En la mente de la persona que profiere la amenaza, opera una lógica invertida y totalmente perversa. Lejos de comprender que la necesidad de vender un bien es una consecuencia directa de la imputación o acusación de un crimen y de la decisión de contratar a un abogado privado (en lugar de recurrir a la defensa pública o el Turno de Oficio), esta persona percibe la situación como un ataque personal y una expoliación ilegítima de su patrimonio.

Para este individuo, el abogado se convierte en el chivo expiatorio, el causante de su «desgracia económica». No conciben que los gastos judiciales son inherentes al proceso penal y que la venta de la propiedad es una medida para afrontar esas costas. En su lugar, se creen víctimas de una injusticia perpetrada por el sistema legal y, en particular, por el letrado que, desde su perspectiva, está «exigiendo» un pago por algo que, en su mente enferma, no debería costearse.

Factores que alimentan la irracionalidad

Varias pueden ser las razones que propician esta escalada de irracionalidad:

• Negación y proyección: La persona se niega a aceptar la culpa o la responsabilidad del familiar imputado, proyectando su frustración y rabia hacia el abogado. Es más fácil culpar a un tercero que confrontar la dura realidad de las consecuencias de un crimen.

• Ignorancia deliberada de la realidad legal: Una flagrante falta de comprensión de cómo funciona el sistema judicial y de los costos asociados a un proceso penal puede llevar a la creencia errónea de que los servicios legales deberían ser «gratuitos» o, al menos, no tan costosos.

• Sentimiento de injusticia: Aunque la injusticia real es el crimen cometido, el agresor se siente «víctima» de un sistema que, según él, lo obliga a desprenderse de un bien tan preciado como una casa familiar. Este sentimiento de injusticia personal, aunque infundado, es muy potente y puede desencadenar reacciones violentas.

• Desesperación y estrés: La situación de tener a un familiar imputado en un proceso penal es, de por sí, extremadamente estresante. La presión económica añadida puede llevar a un punto de quiebre, donde la frustración se canaliza de la peor manera posible.

• Patrones de pensamiento distorsionados: En algunos casos, puede haber subyacentes patrones de pensamiento patológicos o trastornos de la personalidad que impiden a la persona razonar de forma coherente y empática. La amenaza de muerte es el punto culminante de esta distorsión.

La absurda culpabilización: Los gastos legales y la responsabilidad del imputado

Es fundamental ser tajante y claro: los gastos de un proceso penal, especialmente cuando se opta por una defensa privada, conciernen exclusivamente a la persona imputada y a sus familiares. El abogado privado no tiene, bajo ninguna circunstancia, la obligación de soportar esos costos. Su función es ofrecer un servicio profesional de defensa, que implica un conocimiento técnico especializado, dedicación de tiempo y el seguimiento meticuloso de cada fase procesal.

Cuando un familiar amenaza a un abogado por tener que vender una propiedad para sufragar los gastos legales, demuestra una incomprensión profunda y peligrosa de la realidad. No solo ignoran el funcionamiento básico de la justicia, sino que invierten la carga de la culpa de manera grotesca. El abogado no es el responsable de que exista un proceso penal, ni de los gastos que este genera; la responsabilidad recae en la persona que ha sido imputada o acusada de un crimen.

Es una aberración lógica creer que el letrado es el culpable de que se tenga que disponer de un patrimonio. El abogado, en su rol profesional, está trabajando arduamente para buscar la libertad de la persona imputada o acusada, para ejercer todos los recursos legales disponibles y para estar permanentemente pendiente de cada incidencia del caso. Esto no es una labor que pueda realizarse de forma gratuita. Requiere recursos, tiempo y una dedicación constante, incluyendo las provisiones de fondos y suplidos que son vitales para el avance del proceso.

La ingratitud inconcebible: Abogados amenazados por su trabajo

Aquí radica el punto más inaudito y grotesco: ¿cómo es posible que, a pesar de que el abogado, en un gesto de consideración y empatía por la precariedad económica de la familia, se abstiene de solicitar el pago que legítimamente le corresponde por sus servicios, no solo sea amenazado de muerte, sino que se le exija trabajar en una suerte de coacción?

Esto es inconcebible, inaudito y absolutamente fuera de toda lógica. La idea de que alguien pretenda que un abogado invierta su conocimiento, experiencia, tiempo, y sufrague los costos de traslados, redacción de documentos y todas las incidencias de un caso penal de manera gratuita, bajo amenaza, es una perversión de la justicia y una muestra de la más crasa ingratitud.

No solo se les está exigiendo que asuman los gastos inherentes al proceso penal, sino que también se les recrimina por vender una heredad familiar, cuando es la única vía para costear la defensa que ellos mismos solicitaron. El hecho de que se trate de un pago mínimo, o incluso de que el abogado haya tenido una relación de amistad con la familia, hace la amenaza aún más repugnante.

La complicidad de la desinformación familiar y la pretensión de la esclavitud: Un gesto de criminalidad injustificable

Y aquí llegamos a un punto crucial: a menudo, la rabia y la amenaza no surgen únicamente de la mente distorsionada del agresor. Es alarmante constatar cómo los familiares han contribuido activamente a esta peligrosa narrativa, brindando información distorsionada o directamente falsa a la persona que amenaza al abogado.

Quizás, con el fin de justificar que ellos mismos hayan dispuesto de parte del dinero para otros fines, o simplemente por una profunda ignorancia y desidia, han inculcado en la mente de este individuo la idea de que «se gastó todo en el abogado», presentando al profesional como el único causante de su «desgracia económica». Al no explicar con claridad la necesidad de los gastos procesales y el rol crucial del abogado, sino más bien culpabilizarlo de forma sesgada, los familiares se convierten en cómplices de la ira desmedida. Han alimentado una ficción donde el abogado es el victimario y ellos, o su allegado, las víctimas de un supuesto abuso financiero.

Resulta aún más aberrante observar la maraña mental, la perturbación o la conciencia sucia de este familiar que pretende tener a un abogado como un esclavo. ¿Qué fantasmagoría le permite endilgarle al defensor la responsabilidad de que su propio pariente esté sometido a un proceso penal? Es una perversión absoluta de la verdad: la culpa de que el familiar esté imputado o acusado de un crimen no es del abogado. La culpabilidad emana del crimen cometido.

Esta actitud no solo es desconsiderada y absurda, sino que roza la paradoja. Pareciera que este familiar, lejos de querer que su ser querido logre su libertad, estuviera insultando o arrebatando algo con su amenaza, descargando su propia frustración y resentimiento sobre el profesional. Es como si el abogado fuera el culpable de que exista la justicia o la necesidad de una defensa, desviando la atención de la verdadera causa del problema.

Y es vital ser enfáticos: justificar este «berrinche criminal» bajo la excusa de la impulsividad o el «desahogo» es inaceptable y constituye un grave error. No se puede, bajo ningún concepto, equiparar una amenaza grave a una simple rabieta. Es como cuando los cuerpos de seguridad del Estado, tras una violación de derechos en un domicilio, intentan justificar al perpetrador diciendo «es un loquito, él siempre hace esas cosas». Esta excusa es inverosímil y peligrosa. La amenaza de muerte, ya sea verbal, por escrito o en un mensaje de WhatsApp, es un delito en sí mismo, un gesto de criminalidad que merece ser repudiado y sancionado. No es un simple «desahogo», es un acto criminal que atenta contra la integridad y seguridad de un profesional que solo cumple con su deber. Pretender que el abogado deba aceptar esta violencia y trabajar gratis por ello es una pretensión que revela una mente profundamente perturbada y peligrosa.

La culpa trasladada: El injusto cargo al abogado actual y el efecto desmotivador

Lo más desproporcionado de esta situación radica en la ceguera de estos familiares. El dinero «perdido» o invertido en la venta de su patrimonio no fue entregado al actual abogado. Ese capital, dolorosamente obtenido, se destinó a profesionales anteriores que, por diversas razones, no lograron la libertad del familiar. Ahora, de forma completamente injusta y alarmante, la frustración y el resentimiento acumulados por esos fracasos pasados se descargan sobre el nuevo abogado.

Este profesional, quien se ha incorporado con diligencia y compromiso, ascendiendo a la «cresta de la ola» de la defensa, es el que ahora sufre las consecuencias de las malas experiencias previas de la familia. Quieren, de alguna forma, «cobrarse» en el abogado actual lo que no pudieron recuperar de los anteriores, sin entender que él no tiene responsabilidad alguna por gestiones pasadas. Esta es una manifestación de una irracionalidad que, en lugar de beneficiar al familiar imputado, solo logra que el abogado se sienta coaccionado y atado a conseguir un resultado, y lo que es peor, que considere seriamente abandonar el caso.

El hecho de que los familiares actúen como ignorantes o analfabetas ante los costos y gastos judiciales, siendo un proceso penal donde la libertad de una persona está en juego, y que además, hayan buscado un profesional de calidad, no a un recién egresado o de una universidad de dudoso prestigio, agrava la situación. Demuestra una doble moral: quieren la mejor defensa, la máxima calidad, pero al verse en la necesidad de cumplir con su parte económica, intentan forzar al abogado a trabajar sin la compensación adecuada.

Crucialmente, la decisión de vender su casa familiar o heredad fue su propia iniciativa, su elección espontánea. El abogado no propuso ni sugirió tal acción. Ellos se presentaron ante el abogado y le comunicaron: «Vendimos esta casa para cubrir los costos del proceso penal». El abogado no tuvo participación alguna en esa decisión. Esto hace que su comportamiento actual sea aún más desconsiderado e injusto.

Este tipo de actos no solo atenta contra la integridad física y moral del abogado, sino que mina por completo su entusiasmo y la alegría que tenía al asumir la defensa del familiar. Se encuentra, de repente, inmerso en una situación que lo hace sentir rodeado de «locos», «desquiciados» o «psicópatas», perdiendo toda motivación para continuar su crucial labor. Es un golpe devastador para la moral del profesional y una grave afrenta al estado de derecho.

La psique en conflicto: Proyección, negación y sesgos cognitivos

La pretensión de cobrarse la frustración o la rabia en el abogado que actualmente defiende al familiar, por el simple hecho de que este último está acusado de un delito, es un comportamiento ilógico y absurdo que tiene profundas raíces en la psicología. No se trata de un «síndrome» psiquiátrico específico para esta situación, pero sí es una manifestación clara de varios mecanismos de defensa y sesgos cognitivos desadaptativos:

• Proyección de la culpa: Los familiares proyectan su propia frustración, impotencia y la eventual culpa derivada de la situación legal de su ser querido sobre el abogado. Es más fácil atribuirle al defensor la responsabilidad por los «gastos» y el «sufrimiento» económico, que enfrentar la dura realidad de que la fuente original del problema es la imputación de un crimen a su familiar y la necesidad de costear una defensa. El abogado se convierte en el depositario de la ira y el resentimiento que no pueden dirigir hacia la persona imputada o hacia la propia situación judicial.

• Negación de la responsabilidad: Al buscar justificaciones externas y culpar al abogado, los familiares evitan reconocer su propia responsabilidad en la búsqueda de recursos y, más profundamente, la responsabilidad del familiar por los hechos que originaron el proceso. Se niegan a aceptar las consecuencias inherentes a un proceso penal de esta magnitud.

• Desplazamiento de la ira: La rabia que deberían sentir hacia la situación judicial, o incluso hacia el familiar imputado (por los actos que los llevaron a esta situación), es «desplazada» hacia el abogado, un blanco más accesible y, desde su percepción distorsionada, «culpable» de su actual apremio económico.

• Sesgo de atribución defensiva: Este sesgo cognitivo se manifiesta al atribuir la causa de un problema a otros (el abogado, el «sistema») para proteger la propia vulnerabilidad y evitar la angustia de pensar que situaciones similares podrían ser incontrolables o afectarles directamente. Al culpar al abogado por los gastos imprevistos, se desentienden de la necesidad y justificación de los mismos.

Este patrón de comportamiento es una forma de autoengaño y una evasión de la realidad. Pretender que el abogado, que está luchando por la libertad de su ser querido, deba asumir las frustraciones y los costos generados por una situación ajena a su voluntad, es una distorsión moral y psicológica que pone en peligro la relación profesional y, en última instancia, la propia defensa del imputado.

La sospecha de la malicia: ¿Un juego sucio con fines de condena?

Además de los mecanismos psicológicos antes mencionados, es crucial considerar una posibilidad aún más oscura y perturbadora: ¿podría la actitud de este familiar, de «hacerse el loquito» y amenazar al abogado con el pretexto de los gastos, ser en realidad una estrategia deliberada para sabotear la defensa? Es posible que exista una rencilla familiar subyacente, un resentimiento o un interés oculto en que el familiar imputado sea condenado.

Al disfrazar la situación como un conflicto por la «pérdida de la heredad», este individuo podría estar intentando indisponer al abogado, desmotivarlo, o incluso forzar su renuncia para que la defensa se debilite y el familiar reciba una sentencia condenatoria. Esta maniobra maquiavélica busca crear un ambiente hostil, presionando al profesional para que abandone el caso, lo que dejaría al imputado en una posición vulnerable. La excusa de los «gastos» y la «locura» sería entonces una fachada para un objetivo mucho más siniestro: la condena del propio familiar. Si esto fuera así, la amenaza de muerte no sería un mero «desahogo», sino parte de un plan malicioso para perjudicar al imputado a través de la desestabilización de su defensa legal. La repugnancia de esta conducta reside en su doble engaño: victimizarse financieramente para, en el fondo, buscar un resultado penal adverso para su propio familiar, un acto de traición y crueldad inaceptable.

«El abogado tiene el deber de comportarse leal y diligentemente con su cliente, a quien debe informar, con periodicidad y detalle, de la marcha del asunto encomendado, realizando cuantas actuaciones profesionales sean precisas para la defensa de sus intereses, y sin que se vea afectada la libertad e independencia en su ejercicio profesional.»

— Artículo 13.1 del Código Deontológico de la Abogacía Española