Un año después de la renovación del CGPJ

Persiste el bloqueo en las designaciones para la presidencia de dos salas fundamentales del Supremo: la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso-Administrativo

Hace un año, PSOE y PP lograron finalmente un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras cinco años de mandato caducado. Desde entonces, el órgano ha realizado 120 nombramientos en la cúpula judicial, aunque sigue sin consenso en dos presidencias clave del Tribunal Supremo y en la reforma del sistema de elección de vocales judiciales.

El nuevo CGPJ echó a andar en septiembre con varias tareas urgentes, la principal: cubrir las numerosas vacantes acumuladas durante el periodo en funciones. Solo en el Tribunal Supremo había entonces 25 vacantes, lo que suponía el 30% de su plantilla, una situación que amenazaba con colapsar el alto tribunal.

El anterior CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, había seguido operando a pesar de perder vocales por jubilación, dimisión o fallecimiento. Sin embargo, desde 2021 no podía realizar nombramientos discrecionales debido a una reforma legal impulsada por el Gobierno, lo que agravó la parálisis institucional.

Perelló y Berberoff

En septiembre de 2024, el panorama era crítico: 111 vacantes en la cúpula judicial. La nueva dirección del CGPJ, con Isabel Perelló y Dimitri Berberoff al frente del Tribunal Supremo y del propio Consejo, comenzó entonces una carrera por cubrir esas plazas clave.

Desde entonces, el CGPJ ha logrado hacer 120 nombramientos, 51 de ellos correspondientes a mujeres. Aunque esta cifra supera el número inicial de vacantes, se han producido nuevas bajas, lo que mantiene algunas plazas aún sin cubrir, incluidas siete en el Tribunal Supremo.

Sin embargo, persiste el bloqueo en las designaciones para la presidencia de dos salas fundamentales del Supremo: la Sala de lo Penal, que juzga a aforados como diputados y miembros del Gobierno, y la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que revisa las decisiones del Consejo de Ministros. Estos cargos siguen sin acuerdo mientras el Supremo tramita casos de alto perfil, como los de José Luis Ábalos, Álvaro García Ortiz o el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, así como el recurso de Canarias contra el Estado por la gestión de menores migrantes.