Tres comunidades del PP acogerán el mayor número de menores migrantes

El Gobierno ultima el reparto mientras algunas comunidades expresan su rechazo a la medida

El nuevo sistema de distribución de menores migrantes no acompañados sigue generando debate político y organizativo. Según los cálculos provisionales del Gobierno, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana serán las comunidades que asumirán la mayor carga de acogida tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada recientemente en el Consejo de Ministros.

En base a los datos manejados hasta el momento, Madrid acogería 806 menores, Andalucía 795 y Comunidad Valenciana 478. En el otro extremo, regiones como Cataluña (27), Melilla (34) y Baleares (59) recibirían un número significativamente menor debido al «esfuerzo previo» realizado en materia de acogida.

Estos cálculos responden a criterios de población, renta per cápita, tasa de empleo y el trabajo previo de cada comunidad en la protección de menores migrantes. No obstante, las cifras aún no son definitivas, ya que las autonomías tienen hasta el 31 de marzo para actualizar sus datos sobre los menores que ya tienen bajo su tutela.

Cuenta atrás autonómica

El Gobierno ha advertido de que si las comunidades no facilitan sus datos dentro del plazo establecido, se aplicarán los criterios disponibles hasta finales de 2023. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Ejecutivo tomará decisiones en base a la información existente, pero espera colaboración para realizar un reparto más equitativo.

La medida ha generado fuertes reacciones políticas. Mientras algunas regiones, como Canarias, han defendido la necesidad de aliviar la presión sobre los territorios más saturados, otras comunidades han expresado su oposición frontal al reparto. Algunas han anunciado que recurrirán la medida en los tribunales, argumentando que invade sus competencias y supone una imposición del Gobierno central.

Las autonomías tienen hasta el 31 de marzo para actualizar sus datos de acogida.

Tensión política

El reparto de menores migrantes ha desatado un enfrentamiento entre el Gobierno y varias comunidades autónomas. Mientras algunas regiones han mostrado disposición a colaborar, otras denuncian que la medida se ha impuesto sin consenso. Comunidades como Madrid, Castilla y León y Andalucía critican que la carga recaiga sobre ellas, exigiendo un sistema más equitativo y sostenible.

Desde el Ejecutivo, la ministra Sira Rego defiende la reforma como un ejercicio de corresponsabilidad, especialmente con territorios que han soportado mayor presión migratoria, como Canarias y Ceuta. También insiste en que la asignación responde a criterios objetivos, ajustados a la capacidad de acogida de cada comunidad.

A medida que se acerca el 31 de marzo, el debate sigue abierto. Mientras algunas autonomías estudian recursos legales, el Gobierno mantiene su postura de aplicar los criterios vigentes si no se actualizan los datos de acogida. Organizaciones humanitarias han pedido que la protección de los menores esté por encima de las disputas políticas.