El Gobierno cambia las oposiciones para jueces y fiscales para «democratizar su acceso»

Incluye un examen escrito sin nombre del opositor para el acceso a la carrera judicial y prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de las oposiciones para la carrera judicial que cambia el procedimiento actual de oposiciones para jueces y fiscales, una medida que incluye un examen anónimo y escrito a la que se une la idea de ofrece más facilidades a los opositores. El Ejecutivo crea además un registro de preparadores de la oposición, que tendrán un examen anónimo y escrito.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado una anteproyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que va a incluir un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, va a ampliar el número de plazas de jueces y fiscales y de becas para opositores y además va a prohibir la financiación privada de asociaciones judiciales.

Así lo ha indicado este martes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo, quien considera que se trata de una avance esencial para la modernización del servicio público de la Justicia.

Prueba escrita sin nombre de opositor

Así, ha indicado que la prueba de acceso a la carrera judicial incorporará un ejercicio escrito, que será anónimo, en el que se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos. Además de esa prueba habrá, como hasta ahora un examen tipo test y una prueba oral -en este momento había dos pruebas orales-.

También se va a establecer un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo durante cuatro años y se habilitarán centros de estudio para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación.

El ministro Bolaños ha señalado que la idea es «democratizar el acceso y dar igualdad de oportunidades» y que se va a regular la financiación de las asociaciones judiciales profesionales, de modo que se va a excluir fuentes de financiación privada de las mismas, y que los cinco ejes que actualizan la ley aprobada hace 40 años son: promover la igualdad de oportunidades en el acceso de los profesionales del sistema judicial; buscar la excelencia y diversidad de los miembros de la Administración de Justicia; aumentar los efectivos; mejorar su carrera profesional e impulsar la pluralidad y transparencia de sus estructuras.