La Audiencia de Madrid autoriza que un profesor investigado por abusos trabaje en otro colegio

Se levanta también la prohibición impuesta al docente de acercarse a lugares frecuentados por menores

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido levantar parcialmente las medidas cautelares impuestas a un profesor de un colegio privado en Torrelodones, quien está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a varias menores de cinco años.

En el auto dictado el 29 de agosto, al que tuvo acceso Europa Press, los magistrados de la denominada Sala de Vacaciones permiten al profesor seguir con la actividad docente en otros centros, dado que esta prohibición solo se puede contemplar en una sentencia condenatoria en el caso de que la causa llegue a juicio.

Entre otras medidas, se levanta igualmente la prohibición impuesta al docente de acercarse en general a lugares frecuentados por menores si bien se le mantiene en aras a proteger a las presuntas víctimas la imposibilidad de acudir al centro en el que se cometieron los supuestos abusos sexuales.

La defensa recurrió las medidas entendiendo que eran «desproporcionadas» y que no concurría «situación objetiva de riesgo» para una de las supuestas víctimas considerando, además que aún «no existen indicios de criminalidad por presuntos abusos sexuales a menores».

Las medidas cautelares no deben anticipar penas ni ser retributivas

La Sala alega en relación a permitir al docente seguir con su actividad en otros centros escolares que, de lo contrario, se estaría ante «la anticipación de una pena, que no es posible en fase de medidas cautelares».

«No podemos compartir que la finalidad de la medida cautelar no puede ser la misma que la de la pena, retributiva, ni tampoco puede ser anticipatoria a la pena que pueda imponerse, en su caso, en el plenario, es decir, acordarse antes de haberse celebrado un juicio con todas las garantías», destaca.

«Por más que, hablando con carácter general, los delitos de agresión sexual y más aún contra menores indefensos, resulten alarmantes en la sociedad, execrables y merezcan todo el reproche penal, pues las garantías del Estado de Derecho, son también las que rigen la convivencia en nuestra sociedad», agrega.

Una vez que el caso se destapó, el investigado se dio de baja del centro por problemas de salud, donde trabajaba como ayudante. La Inspección Educativa se dirigió al centro para solicitar información sobre lo ocurrido y sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los alumnos.