El juez Llarena espera que la Policía detenga a Puigdemont al llegar a España -si regresa- sin necesidad de nueva orden

En la Sala Segunda del Tribunal Supremo contaban “al día de hoy” ( por el jueves pasado) con el retorno del expresident y diputado a España en caso de que haya votación de investidura

En una investigación realizada por este cronista en medios políticos y judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo, se contaba durante los últimos siete días, por primera vez, con la certeza de que el expresident y diputado del Parlament, Carles Puigdemont, se apresta a regresar a España para asistir a la sesión de investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

En dichos círculos se da por hecho que, a su regreso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad procederán a detenerle y trasladarle al Tribunal Supremo para ponerle a disposición del magistrado instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, quien deberá decidir, tras escuchar a las partes en la causa -Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular de Vox- si decreta su entrada en prisión preventiva para garantizar su presencia en el juicio oral que se abriría contra él por el delito de malversación.

“La orden de detención no necesita ser actualizada desde que se le señaló por auto a las fuerzas y cuerpos de seguridad el 1 de julio, que estaba vigente. No le ha afectado la amnistía”, señaló este viernes una fuente del Tribunal Supremo a preguntas de este cronista.

La cuestión es qué pasará después de la eventual detención de Puigdemont. Llarena puede estar seguro de una cosa: al consultar a las partes personadas tanto la Fiscalía del Supremo como la Abogacía del Estado estarán en contra (vistilla del artículo 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal), pero la acusación popular impulsará de Vox la prisión preventiva. Con lo cual se cumplirá el requisito de que una de las partes personadas lo ha pedido. Si el juez ordena la prisión preventiva, quedará claro, una vez más, que la ultraderecha tiene capacidad para determinar la política judicial española.

Las fuentes políticas y judiciales advierten que el Tribunal Constitucional ya no solo no estará en condiciones de sacar a Puigdemont de la cárcel sino que el expresident tampoco estará en condiciones de presentar un recurso de amparo ante el TC, según anticipamos porque la tramitación de sus recursos (de reforma y subsidiario de apelación) contra los autos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tardarán tiempo hasta resolverse. La línea de horizonte de un recurso de amparo, pues, se desplaza hacia el mes de septiembre.

Se ha especulado con la posibilidad de que al ser detenido, el expresident pueda presentar un recurso de habeas corpus (ley orgánica de 24 de mayo 1984). Pero esta posibilidad no existe para el presente caso. Porque el recurso de habeas corpus obliga a que toda persona detenida sea presentada ante el juzgado pertinente para que su titular determine si sigue detenido o es puesto en libertad. Es que, en este caso, es un juez, el magistrado Llarena, él que ha ordenado la prisión, y no la Policía la que habría arrestado por su cuenta al expresident.

El problema, aparte del arresto y puesta a disposición del juez Llarena, es, según se ha apuntado, si se resuelve el ingreso en prisión preventiva de Puigdemont y en esa línea, el juez acaba de instruir la causa por malversación contra él mientras la amnistía queda suspendida en el aire, habida cuenta de que la Sala Segunda ha presentado cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“La rapidez del juicio dependería de Puigdemont. Si las pruebas son parecidas a las que se pidieron en el juicio del procés, se tardaría muchísimo. Se intentaba traer a premios Nóbel, solicitar documentación a Naciones Unidas, al Consejo de Europa, consultar a Suiza. Todo ello alargaría sin duda la fase intermedia [que empieza después de la conclusión del sumario, se califican los hechos y se abre juicio oral] y la práctica de la prueba”, señaló la fuente del Supremo a este periódico.

Se daría, pues, la situación paradojal de que la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación queda suspendida en el tiempo, a merced de lo que defina el Tribunal Constitucional sobre la cuestión de inconstitucionalidad, por un lado, y los recursos de amparo, mientras continúa el proceso penal contra Puigdemont (pendientes los del diputado del Parlament Lluis Puig y el eurodiputado Toni Comín).

El Plan A de Puigdemont, según fuentes políticas, era conseguir el naufragio del pacto ERC-PSC y la repetición de elecciones el 13 de octubre con la idea de disputar directamente a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat, reduciendo definitivamente las posibilidades de ERC y arrastrando buena parte del voto republicano en una polarización republicana-socialista.

Pero la ahora segura sesión de investidura de Illa, tras la aprobación del pacto ERC-PSC por la mayoría de las bases republicanas este viernes 2 de agosto, convierte su promesa de estar presente en la sesión de investidura en una último recurso para detonar una posible presidencia de Illa. Su regreso y detención sería una manera de inmolarse para denunciar la traición de ERC y presionar a los veinte diputados republicanos en el Parlament para que no voten a favor de la investidura de Illa.

Puigdemont se sintió muy afectado cuando el diputado Gabriel Rufián hizo circular el 26 de octubre de 2017 un tuit en el que hacía un paralelismo entre Puigdemont, decidido a convocar elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la traición de Judas Iscariote a Jesús de Nazaret, al evocar las 30 monedas de plata y cambiar por las 155 monedas de plata.

El expresident cuenta con el apoyo del president del Parlament, Josep Rull, quien, según ha anticipado, intentará evitar su detención e ingreso en prisión. Pero la maquinaria judicial ya está engrasada. No hay ninguna cuestión de competencia jurisdiccional pendiente de zanjar, ello a pesar de la nueva condición de diputado de Puigdemont.

El juez Llarena tenía posibilidad de reactivar la euroorden de arresto de Puigdemont desde el 4 de julio, ante la solicitud de la acusación popular de Vox. Pero no la tramitó a conciencia porque temía perder el control de la situación en caso de que algún país le concediera la extradición del expresident por el delito de malversación. Prefería, en cambio, esperar a su presa en campo local. A su regreso.