El juicio del 'caso mascarillas' iniciará en febrero de 2025

El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal

El juicio del caso mascarillas comenzará en febrero de 2025, con Luis Medina y Alberto Luceño como acusados por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario al inicio de la pandemia, según han indicado fuentes jurídicas.

Serán los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que preside la magistrada Ángela Acevedo, los que enjuiciarán los hechos ocurridos en la primera ola de la pandemia.

Se trata de la misma Sala que juzgó el caso Madrid Arena por la muerte de cinco jóvenes en una avalancha en una fiesta celebrada en octubre de 2012, al conocido como pederasta de Ciudad Lineal y recientemente al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El juicio arrancará el próximo 11 de febrero y habrá sesiones los días 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 del mismo mes. La vista se señala meses después de que el juez Adolfo Carretero dictara el auto de apertura a juicio oral contra Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño.

Luceño es acusado de los delitos continuados de estafa agravada y falsedad de documentos mercantil y oficial cometido por particular. Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión para Alberto Luceño.

Multas millonarias

En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los 5 millones de euros, mientras que su socio deberá pagar, si es condenado, 450.000. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquier otro en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Luis Medina.

Enriquecerse exageradamente

El fiscal recalcó en su escrito de acusación que ambos acusados intentaron enriquecerse de manera exagerada aprovechando la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios. Vendieron los productos a un precio muy superior al ofrecido por los suministradores, imponiendo comisiones desorbitadas que ocultaron en todo momento al comprador.

Insistía Luis Rodríguez Sol en que los acusados “convencieron” al Ayuntamiento de Madrid de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación a pesar de las comisiones millonarias que se desembolsaron.

En cuanto a las mordidas, el escrito recogía que las transferencias que consta en la causa corresponden “al cobro de las comisiones previamente pactadas entre Leno y los acusados, si bien Luis Medina no negoció con Leno el importe de su comisión, sino que dejó la esta gestión en manos de Alberto Luceño”.

Luceño ocultó comisión adicional y cobró el triple que Medina, revela la Fiscalía

“Tanto en esta como en las otras operaciones, Alberto Luceño le dijo a Luis Medina que iban a ir a partes iguales, cobrando ambos idéntica comisión”, expone el fiscal, quien agrega que para mantenerle en esta creencia, le envió un documento en que se reconocía a ambos una comisión de 1 dólar por mascarilla (1.000.000 dólares en total), y esta fue la cantidad que efectivamente cobró Luis Medina.

Sin embargo, según apunta el fiscal, “Alberto Luceño ocultó a Luis Medina que, en otro documento aparte, había pactado con Leno una comisión adicional de 2 dólares por mascarilla; es decir, Alberto Luceño cobró en total 3.000.000 dólares como comisión por esta operación, el triple que el otro acusado.

La Fiscalía sostiene que “no se ha podido analizar en el laboratorio la calidad de estas mascarillas con las debidas garantías porque ha caducado su plazo de uso”.

“Sin embargo, no se han aportado pruebas de que estas mascarillas no reunieran las condiciones técnicas de una mascarilla KN95, asimilable a una mascarilla FFP2, por lo que cabe presumir que reunían las especificaciones estipuladas en el contrato”, añade.

Engaño al Ayuntamiento

En el auto de procesamiento, Adolfo Carretero sostuvo que las compraventas en las que intervinieron los investigados constituyen un caso de “negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando no solo unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio, sin tener poder alguno de la empresa vendedora y con falsedad de documentos mercantiles”.

Carretero afirmó que Medina y Luceño se “enriquecieron” con ello y “perjudicaron” al Patrimonio Municipal en bienes de primera necesidad, como era en el momento de la venta los materiales sanitarios “y en cantidad superior a 50.000 euros”. El magistrado también apunta que Alberto Luceño “engañó al propio Luis Medina en el reparto de comisiones”.