La Fiscalía solicita condenas de 7 años a exdirigentes del PP de Madrid por la presunta ‘Caja B’

El Ministerio Público ha pedido la comparecencia de Esperanza Aguirre en la vista oral y que tanto ella como Ignacio González sean considerados partícipes

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 7 años y 10 meses de prisión para el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y de 3 años y 6 meses para Beltrán Gutiérrez, antiguo gerente del PP madrileño, al considerarlos responsables principales de la presunta Caja B del partido a nivel regional. Además, ha requerido que la expresidenta Esperanza Aguirre sea llamada como testigo durante el juicio.

En el escrito de acusación presentado, el Ministerio Público no solo ha pedido la comparecencia de Aguirre en la vista oral, sino que también ha solicitado que tanto ella como el ex presidente madrileño Ignacio González sean considerados partícipes a título lucrativo, con Aguirre en una cantidad de 26.000 euros y González en 28.293 euros.

La Fiscalía ha solicitado la condena para varios individuos, incluyendo a Isabel Gallego, quien fuera jefa de prensa de Aguirre, Borja Sarasola, exjefe de gabinete de la presidenta, José Martínez Nicolás, exdirectivo de la Comunidad, Alejandro de Pedro, presunto conseguidor de Púnica, y Diego Mora.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Granados y Gutiérrez se valieron de sus cargos orgánicos dentro del PP de Madrid, siendo Granados secretario general y Gutiérrez gerente regional, estando al tanto de las elecciones autonómicas en mayo de 2011 y anticipando que serían designados como director de campaña y administrador electoral, respectivamente.

De esta forma, «se concertaron para, de forma similar a campañas anteriores, buscar, localizar y tratar con compañías de publicidad afines a las que encargar actos electorales que serían abonados al margen de los procedimientos regulados de conformidad con la normativa del proceso electoral, así como posteriormente, ocultados a la cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid».

«Así las cosas, Granados comenzó a programar los actos desde, al menos, inicios del mes de septiembre de 2010 de tal manera que, con fecha 8 de noviembre de 2010 el mismo ya había adjudicado la principal ejecución material de la campaña a la mercantil El Laboratorio de Almagro 36, S.L., así como consensuado con su responsable, María Luisa de Madariaga, realizar la misma y cómo se debería de facturar por parte de su empresa, así como a qué persona jurídica», relata la Fiscalía.

La convocatoria de elecciones

Finalmente, recuerda el escrito, las elecciones fueron convocadas por Aguirre, abriéndose «el denominado periodo electoral que, a efectos económicos, supone la aplicación de los límites de gasto electoral previstos, tanto en la Ley Orgánica Electoral General como en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid».

Tal y como ya se preveía, apunta Anticorrupción, el principal responsable de la campaña electoral fue Granados, al tiempo que el encargado de los fondos a título de gerente de la campaña, como en las anteriores, fue Beltrán que, igualmente, fue designado ante la Junta Electoral Provincial como administrador electoral.

El organigrama principal de la campaña se desglosaba a su vez en múltiples responsables de cuestiones sectoriales, entre los que la Fiscalía destaca al responsable de campañas locales y actos públicos, Borja Sarasola y, como en las elecciones autonómicas del 2007, a la responsable de los medios de comunicación, Isabel Gallego.

En su escrito, la Fiscalía detalla una serie de ingresos y gastos y relata que, «a efectos de dar cumplimiento a la normativa electoral, Beltrán Gutiérrez, en su condición de administrador electoral y con conocimiento del también acusado, director de la campaña, presentó escrito ante el registro de la Cámara de Cuentas de Madrid el día 23 de septiembre de 2011, por el que presentaba la documentación comprensiva de la contabilidad de la campaña electoral del citado partido, aún a sabiendas de que la información presentada no respondía a la realidad global de los costes».

Y esto era así, apunta Anticorrupción, en tanto que «el total del coste declarado fue de 2.986.624 de euros, remitiéndose como adjunto al escrito la información contable oficial del Partido Popular de Madrid en que se basaba y justificaba tal cifra».

«Conforme a la misma, se declararon un total de 35 proveedores, al tiempo que se remitieron las facturas presentadas por estos, la contabilidad analítica y por cuentas de estas, el libro diario de operaciones y los medios de pago, así como el extracto de movimientos de la cuenta de campaña», añade el escrito.

La ejecución del plan

Sin embargo, la fiscalía explica que la cuantía era muy inferior a la realmente incurrida, pues por parte de los acusados se autorizaron gastos electorales que no fueron declarados a la Cámara de Cuentas, ni se pagaron a través de la cuenta de campaña, de tal manera que la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido.

«Para poder ejecutar tal plan, era necesario contar, como se había hecho en periodos electorales previos, desde el punto de vista de los prestadores de los servicios, con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos y, desde la perspectiva de los ingresos y gastos, se hacía necesario, por una parte, utilizar fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y, por otra, trasladar esos recursos a los prestadores de los servicios, bien en metálico, bien a través de las facturas alteradas», aduce.

La Fiscalía argumenta que «la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados». «Una vez entregadas, el mismo registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para si o para terceras personas ajenas al partido y, el resto, lo hacía llegar a Gutiérrez, que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas», explica.