Lo que el juez García Castellón se niega a hacer con Cospedal y se atreve con Dina Bousselham

La doble vara de medir hecha realidad.

El pasado 20 de mayo, una de las acusaciones del caso Kitchen -la pieza número 7 de la causa Tándem-Villarejo-, la del partido Socialista Obrero Español, solicitó al juez Manuel García Castellón, a la vista de la filtración de audios de conversaciones entre la exsecretaria general del Partido Popular, exministra María Dolores de Cospedal y el comisario José Villarejo -llegan hasta 2017, meses antes de la detención del comisario- una investigación sobre esas pruebas a las que las partes personadas no han tenido acceso.

El escrito apuntaba la posibilidad de reabrir la causa -ya cerrada- para aclarar la situación de las nuevas pruebas que las partes desconocían. Y, de existir, su incorporación. ¿Forman esos audios parte de las actuaciones? ¿Son audios que no han sido desencriptados todavía? ¿Procede hacer un informe pericial sobre su contenidο?

Unos días más tarde, el juez Manuel García-Castellón dictó una providencia en la que preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción su posición respecto del escrito de la acusación popular. En otros términos, ¿se van a adherir los fiscales a la solicitud de que se incorporen los audios, caso de existir en la causa, al sumario?

A mediados de julio pasado, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico señalaron que se estaba estudiando la respuesta. “Hay que establecer el perímetro que trazó la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional al desestimar nuestro recurso en el que se pedía volver a imputar a María Dolores de Cospedal y continuar investigando la rama política de la operación Kitchen. Y decidir en consecuencia”, explicó la fuente.

Han pasado más de tres meses desde la pregunta formulada por el juez y nadie parece haber movido ficha. No se ha investigado si los audios filtrados forman parte del material que se encuentra en el sumario o están pendientes de desencriptar.

Esos audios dan respuesta, precisamente, a una de las razones alegadas por la sección tercera de lo Penal, para rechazar una nueva imputación de Cospedal, a saber, que los indicios contra ella no eran “inequívocos” y que constituían pruebas alejadas del tiempo en que se produjo (2013-2016) la operación policial extrajudicial -el caso Kitchen- dirigida a robar materiales comprometidos para el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el PP en poder del extesorero del PP, Luis Bárcenas.

El juez podía, por su cuenta, haber ordenado investigar la localización de esos audios y su incorporación a la causa. Pero no hizo nada.

En abril pasado, la Asociación Juristas Europeos Prolege, próxima al PP, personada en la causa Dina -pieza número 10 del caso Tándem-Villarejo- sobre el robo de un teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora del secretario general de Podemos Pablo Iglesias, y la difusión de su contenido en varios medios de comunicación -previa entrega de un pendrive por dos periodistas al comisario Villarejo- solicitó al juez García Castellón el envio de las actuaciones relacionadas con la exasesora y su marido Ricardo Sa Ferreira a los juzgados de Madrid por delitos de falso testimonio y denuncia falsa. Las declaraciones de ambos habrían afectado, según la citada acusación popular, a la imagen de una de las publicaciones que difundieron informaciones con el contenido del teléfono móvil de la víctima, entre ellos el digital Okdiario.

El juez dio traslado del escrito de Prolege al Ministerio Fiscal el 26 de abril de 2022. Según el auto de García Castellón del jueves pasado, dia 1 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción envió su informe el 5 de julio de 2022 “por el que se da respuesta a las peticiones” de Prolege.

¿Qué se afirma en el informe de los fiscales? El juez García Castellón simplemente no lo dice. ¿Están a favor de la nueva investigación que encomienda el juez después de tres años de indagaciones en la Audiencia Nacional?

Lo que el juez omite es que la Fiscalía Anticorrupción se opone. Según su escrito, las dos peticiones de Prolege debían ser rechazadas. No debía abrirse una nueva pieza dentro del caso Dina ni deducir testimonio para enviar a dos juzgados de Madrid por falso testimonio y denuncia falsa, respectivamente.

Según los fiscales, ha habido “vaguedades y contradicciones” en las declaraciones de Bousselham y su marido. Pero subrayan: “No cabe considerar que con ello se haya alterado de ningún modo el resultado” de la investigación que se ha realizado durante tres años.

Pero, además, los fiscales ponen el dedo en la llaga -saben con qué juez se las gastan- al añadir: “Resulta altamente previsible” que tanto Bousselham como Sa Ferreira serán llamados a declarar al juicio oral -de la pieza Dina- sobre lo mismo “no se estima procedente [que] por un delito de falso testimonio”.

El juez García Castellón procesó en octubre de 2020 a tres investigados en esta causa: Villarejo y los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles (quienes le entregaron el pendrive con el contenido del teléfono de Dina Bousselham). Lo hizo al elevar una exposición razonada para abrir una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el Tribunal Supremo.

En enero pasado, rechazó prorrogar la investigación a falta solamente de llamar a declarar a Bousselham y a Sa Ferreira. Tanto la sección tercera de lo Penal primero como la Sala Segunda del Tribunal Supremo le propinaron sendos varapalos y le urgieron a que citara a Bousselham para preguntarle, ya que era perjudicada por las filtraciones, cuáles eran sus pretensiones.

Pero el juez se tomó su tiempo. Y citó a la pareja a prestar declaración como testigos en marzo pasado. Y todavía no hay acusación presentada, ni, por tanto, auto de apertura de juicio oral del juez. Pero en cambio ya ha decidido instar la persecución por falso testimonio y denuncia falsa a dos juzgados de Madrid.

El falso testimonio, esto lo sabe el juez, no se comete en instrucción sino en juicio oral. Entonces, ¿qué busca García Castellón al instar la persecución de Bousselham y de Sa Ferreira antes de que haya escrito de acusación y auto de apertura de juicio oral contra Villarejo y los dos periodistas procesados?

Es aquí, precisamente, donde los fiscales destapan el problema: García Castellón intenta con esta operación desacreditar a Bousselham, víctima de la filtración del contenido de su móvil, y presentarla como mentirosa en el juicio oral, cuando este tenga lugar, y abrir así el camino hacia la absolución de los tres imputados.

La operación ha sido relativamente sencilla: una iniciativa de la acusación popular próxima al PP, un escrito que reproduce el extenso escrito del juez García Castellón desestimado por la Sala Segunda del Supremo, y una vez despachadas las actuaciones hacia Plaza de Castilla (falso testimonio) y Alcorcón (denuncia falsa tras el hurto del teléfono móvil) ahora se supone que el juez, cuando se presenten los escritos de acusación, procederá a abrir un juicio oral que él mismo está contribuyendo a embrollar y vaciar de contenido.

Ya sabemos que el juez no necesita esperar a lo que diga la Fiscalía para incorporar los audios de Cospedal y Villarejo a la pieza Kitchen. Porque en el caso Dina, aunque los fiscales han rechazado que se inste a investigar en Madrid y Alcorcón ha sido el juez el que manda. Es decir: mantener una causa interminable contra Podemos.