El PP insiste en que Armengol tiene que dimitir de inmediato: “No puede llegar como presidenta al próximo Pleno”

Los ‘populares’ alegan que la presidenta del Congreso adquirió y pagó material sanitario defectuoso

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha exigido este viernes al PSOE aplicar con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la misma vara de medir que utilizó con el exministro José Luis Ábalos ante conductas “no ejemplares” y que incluso pueden ser constitutivas de delito. A su entender, la expresidenta del Congreso está “inhabilitada políticamente” y no puede seguir como presidenta de la Cámara, sino que debe dimitir inmediatamente.

“Armengol no puede llegar como presidenta al próximo Pleno del Congreso de los Diputados. El PSOE debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares e inaceptables y supuestamente constitutivas de delito”, ha afirmado Sémper.

El PP alega que Armengol “adquirió y pagó material sanitario defectuoso, a pesar de saber que no ofrecía protección contra la Covid y que ponía en peligro la vida de quienes lo utilizaban”. Además, afirman que estos productos fueron adquiridos con fondos europeos, a pesar de estar prohibido, y fueron almacenados a pesar de ser inútiles.

Según fuentes del PP, en el día en que Armengol dejaba la Presidencia de Baleares, solicitó la devolución del dinero en un intento de protegerse políticamente. Estas afirmaciones surgen después de que la Fiscalía Anticorrupción enviara a la Fiscalía Europea contratos del ‘caso Koldo’ que involucran a Baleares y Canarias y fueron financiados con fondos europeos.

La UCO dice que el contrato con Baleares infringió la ley

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el contrato entre la trama Koldo y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) infringió la ley al ejecutarse antes de formalizarse.

El informe, elaborado en septiembre, detalla el requerimiento realizado en julio al IbSalut para proporcionar información sobre el suministro de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por un valor de 3,7 millones de euros.

Agentes de la Guardia Civil se presentaron en la sede del IbSalut en Palma el 19 de julio de 2022, y fueron recibidos por el entonces director de Gestión y Presupuestos, Manuel Palomino.

Tras analizar la documentación, la unidad de la Guardia Civil, adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, destacó que no se encontró ningún documento que reflejara los contactos previos con la empresa para establecer los contratos. Además, no se halló ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes que detallara los términos del servicio ni mencionara a los responsables.

Pero sobre todo, la UCO considera llamativo que el contrato se ejecutó antes de declararse la tramitación de emergencia, que se hizo en mayo cuando ya se habían recibido las mascarillas unos días antes.

Un posible tercer implicado

La conversación entre P.L., una trabajadora del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el supuesto ‘cerebro’ del ‘caso Koldo’, Juan Carlos Cueto, revela la existencia de fotografías “que no se pueden enseñar” de un presunto intermediario de las empresas suministradoras de material sanitario “con el ministro”. Sin embargo, la Guardia Civil no aclara a quién se refiere esta persona.

Según el sumario de la causa al que tuvo acceso Europa Press, se menciona la existencia de un “super jefe en esta historia”, que sería una tercera persona distinta a Cueto, Aldama y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Unidad Central Operativa (UCO) indica que esta persona estaría relacionada con la gestación de los contratos investigados y ocuparía un nivel superior en la toma de decisiones.

La conversación telefónica entre P.L. y Cueto tuvo lugar el 15 de septiembre del pasado año, donde P.L. informó a Cueto sobre una reunión con el abogado que estaba al tanto de la inspección de la Agencia Tributaria a la que se tenía que someter De Aldama.

El “súper jefe”

Durante la llamada, P.L. mencionó que De Aldama le había dicho respecto a Israel Pilar que “no le toque las pelotas porque tiene fotos de él con el súper jefe”. La propia P.L. agregó: “Ya sabe quién es el súper jefe en esta historia”.

En otra conversación posterior, P.L. y Cueto discutieron sobre la documentación que iban a presentar ante la Agencia Tributaria, acordando aportar conversaciones de WhatsApp que evidenciaban los servicios prestados por Israel.

En un punto de esa llamada, se mencionó que “hasta en el WhatsApp de Víctor (De Aldama) hay fotos de Israel Pilar que no se pueden enseñar… con el ministro”.

Según la Guardia Civil, Israel actuaba como enlace entre Cueto, De Aldama, la trabajadora y el empresario Íñigo Rotaeche, presentando a Aldama a las personas encargadas de suministrar mascarillas. Cueto y Rotaeche se refieren a Israel como el intermediario que habría cobrado comisiones a través de una sociedad.

Víctor Aldama se enfrenta a un delito de tenencia ilícita de armas

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Koldo’ ha acordado ampliar la investigación para uno de los imputados, el presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, a un delito de tenencia ilícita de armas dado que en el registro de una de sus propiedades ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid) hallaron un arma de repetición manual, carabina, del calibre 44 milímetros de la marca ‘Tiger’ sin documentación.

Así consta en el auto del pasado 22 de febrero, cuando el juez acordó la puesta en libertad de De Aldama, que obra en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que recoge la solicitud previa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de 20 de febrero en la que daba cuenta de ese hallazgo.

El juez ordena bloquear 88 cuentas bancarias de la ‘trama Koldo’

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto cobro de comisiones irregulares por la venta de mascarillas al principio de la pandemia ha ordenado bloquear 88 cuentas de la denominada ‘trama Koldo’.

A través de un auto del pasado 19 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno decreta el bloqueo y embargo preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y/o productos financieros que se relacionan para cada una de ellas.