El Poder Judicial pide tiempo para el informe sobre la amnistía

Solicita la prórroga hasta el 8 de marzo, semana en la que vence el plazo para que se emita el dictamen sobre la proposición de ley

El Poder Judicial necesita más tiempo antes de tener una decisión firme sobre la amnistía. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves pedir por tercera vez a la Mesa del Senado que le conceda una nueva prórroga, por un plazo de quince días y con efectos desde mañana 23 de febrero, para elaborar el informe solicitado a la proposición de ley de amnistía, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

En caso de que el Senado aprobase la solicitud, el plazo quedaría ampliado hasta el próximo 8 de marzo, semana en la que vencen los tiempos en el Congreso para que la Comisión de Justicia emita dictamen sobre la proposición de ley que pretende amnistiar más de una década del ‘procés’.

Ya el pasado 8 de febrero el CGPJ solicitó una segunda prórroga de 15 días; la primera petición tuvo lugar el pasado 11 de enero. Los vocales de la Comisión Permanente han reclamado más tiempo de cara a la preparación del informe que el pasado diciembre reclamó la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Cabe recordar que en este caso, al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo.

Dos vocales, el mismo informe

La Comisión Permanente valoró en su día la petición del Senado y accedió a emitir informe, designando como ponentes a la vocal progresista Mar Cabrejas y al vocal conservador Wenceslao Olea.

Según las fuentes consultadas, ambos vocales están recabando material para redactar una misma ponencia, ello sin perjuicio de que en determinados temas haya discrepancias entre ambos que deberá resolver el Pleno del CGPJ.

Una vez esté redactado, este será el primer informe que presente el Consejo sobre la ley de amnistía, pero no será la primera vez que se pronuncie al respecto, dado que ya lo hizo el pasado 6 de noviembre cuando el PSOE negociaba con Junts y ERC para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.

Declaración institucional previa

El CGPJ se pronunció a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno donde advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la “abolición” del Estado de Derecho.

Entonces, aún no se conocía el texto de la futura ley de amnistía, lo que provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su “frontal oposición” a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto ‘lawfare’ y anticipó que actuaría por “los cauces legalmente establecidos” si llegaran a materializarse.

Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el ‘lawfare’.

Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría “vigilante”, algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente.