Hoy: 8 de septiembre de 2024
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que multe con 1.000 euros por mala fe procesal a la nieta de la mujer enterrada en el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, que logró la paralización temporal de los trabajos de Patrimonio Nacional. La Fiscalía argumenta que su acción obstaculizó el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y solicita una sanción económica.
El Ministerio Público insta a desestimar el recurso de apelación presentado por la nieta, alegando que la abuela de la recurrente estaba enterrada en un lugar diferente al de los trabajos actuales y que los mismos no se realizaban en vía de hecho. Señala que las labores se llevan a cabo conforme a actuaciones judiciales y administrativas previas, en una cripta diferente y sin previsión de realizar operaciones forenses en esa zona.
La Fiscalía sostiene que la suspensión cautelar generó un perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y al cumplimiento del deber de la Administración Pública de proceder a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas, según la Ley de Memoria Democrática.
La decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 11 de la Audiencia Nacional de inadmitir el recurso se basó en que la recurrente no actuó de buena fe al no informar sobre actuaciones judiciales y administrativas previas, considerando que no se estaban desarrollando en vía de hecho.
Abogados Cristianos, representantes legales de la nieta, anunciaron que presentarán un nuevo recurso contencioso-administrativo en representación de otro familiar con familiares enterrados en la misma cripta donde se realizan las exhumaciones, argumentando que se están llevando a cabo de forma ilegal.