La Cámara de Diputados argentina rechaza la ‘ley ómnibus’ y la vuelve a enviar a comisión para su análisis

La decisión ha sido tomada por el propio presidente, Javier Milei, desde Jerusalén, donde se encuentra como muestra de apoyo al Gobierno israelí

La Cámara de Diputados de Argentina ha rechazado este martes una serie de puntos clave de la polémica ‘ley ómnibus’ y en un contexto de numerosas protestas en su contra, por lo que el Gobierno ha decidido enviar de nuevo el proyecto de ley a comisión para que vuelva a ser analizado.

A pesar de que la ley había sido aprobada parcialmente el pasado viernes, el presidente del bloque parlamentario de Libertad Avanza, Oscar Zago, ha pedido mandarla a comisión después de que las propuestas de privatizaciones, la reforma de la ley de sostenimiento de la deuda y el endurecimiento de penas contra manifestantes hayan sido rechazados por la Cámara, donde el partido oficialista se encuentra en minoría.

Esta decisión fue tomada por el propio presidente, Javier Milei, desde Jerusalén, donde se encuentra como muestra de apoyo al Gobierno israelí. «Retiremos el proyecto. Para sacar una mala ley, prefiero que no salga», ha declarado el mandatario, según el diario argentino Clarín.

Los reproches de Milei

En ese sentido, Milei ha culpado a «la casta» por ponerse «en contra del cambio que los argentinos» votaron, y ha recordado la dificultad de cambiar «un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos».

«Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56 por ciento de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país», ha añadido el presidente en su cuenta de la red social X.

Tras ello, ha acusado a los diez gobernadores de Juntos por el Cambio de «destruir» el proyecto de ley en un movimiento que ha calificado de «traición», algo que estos han rechazado, alegando que han trabajado «incansablemente» para lograr consensos y que, por tanto, no pueden ser «responsabilizados».

Este proyecto de ley ha provocado desde su anuncio numerosas manifestaciones que se han saldado con decenas de detenidos y en las que han resultado heridas numerosas personas, entre ellas varios periodistas, como consecuencia de la respuesta de la Policía, que llegó a disparar balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes.