El Ministerio de Trabajo ha comenzado a perfilar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, encargando a un comité de expertos que presenten dos propuestas: una en la que el sueldo mínimo siga sin tributar, como hasta ahora, y otra en caso de que Hacienda decida que ha llegado el momento de que empiece a pagar IRPF.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explicó tras la primera reunión de la mesa de expertos que se busca un «planteamiento de revalorización del SMI» que contemple «dos situaciones». El objetivo, dijo, es evitar que una parte importante de la subida quede absorbida por el impuesto si finalmente se aplica la tributación.
Según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), si la subida del SMI del año pasado hubiera tributado, algunos trabajadores habrían pagado hasta 300 euros en IRPF, lo que habría supuesto que el 43% del incremento se diluyera en impuestos. Aunque el impacto global sería reducido en comparación con otras rentas, recaería directamente sobre la subida salarial.
Díaz calificó de «profundamente injusto» que una renta de 17.000 euros anuales soporte un tipo marginal similar al de quienes ganan 100.000 euros. Por ello, defendió una reforma de los tramos bajos del IRPF para evitar saltos fiscales que afecten a los trabajadores con menores ingresos, insistiendo en que la pedagogía fiscal debe empezar «por arriba».
El debate no es nuevo: el año pasado, Trabajo y Hacienda chocaron abiertamente sobre este tema y se resolvió con una deducción fiscal temporal para impedir que el SMI tributara. Mientras Trabajo sostiene que este salario es demasiado bajo para pagar impuestos, Hacienda argumenta que el número de beneficiarios ha crecido lo suficiente como para que también contribuyan fiscalmente.