El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, José María Escribano, ha admitido a trámite la querella presentada por el Partido Popular y Vox por el rescate financiero de Air Europa. El magistrado considera que los hechos investigados presentan indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa y ha citado a declarar como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, para el próximo 3 de julio.
Como paso previo a futuras citaciones, el juez ha ordenado a la SEPI que identifique a todos los miembros y asistentes de su consejo gestor, así como a los técnicos encargados del expediente y al autor del informe de la Abogacía del Estado que validó el préstamo. El objetivo es determinar las responsabilidades de cada implicado una vez que se tome declaración a Lora.
Asimismo, el magistrado ha requerido formalmente el expediente íntegro de la operación, incluyendo actas, borradores, correos electrónicos y comunicaciones con gabinetes ministeriales emitidas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. También ha reclamado los informes de fiscalización, las agendas de los directivos y toda la documentación técnica sobre el control europeo y las condiciones de financiación.
La investigación judicial también pone la lupa sobre la situación financiera de la aerolínea, exigiendo las cuentas anuales de 2019 y 2020 del grupo empresarial y los registros sobre su reparto de dividendos. La querella del PP recalca que, en mayo de 2020, la compañía recibió del ICO financiación avalada y un préstamo adicional que sumaban 176 millones de euros, de los cuales se beneficiaron tanto la firma como su entonces CEO, Javier Hidalgo.
Sin embargo, la acusación popular denuncia que, justo antes de aprobarse este fondo de apoyo y en pleno impacto inicial de la pandemia, Air Europa repartió un dividendo extraordinario de 35 millones de euros a la familia Hidalgo. En este contexto, se acusa a Bartolomé Lora de haber dictado una resolución ignorando requisitos esenciales y utilizando interpretaciones de conveniencia para validar un rescate que presuntamente sabía que era injusto.